Ciudadanos lleva hoy a la Fiscalía las acusaciones de los exjefes de Urbanismo

Apenas 48 horas después de que dos exjefes del servicio de inspección de la Gerencia Municipal de Urbanismo acusaran a miembros del equipo de gobierno de invitarles a «mirar para otro lado» en el caso del centenar de expedientes de infracción que se abrieron en 2013 para los techados y ampliaciones ilegales detectadas en la urbanización de adosados de Villas del Arenal, junto a Intelhorce, el asunto llega a la Fiscalía.

El grupo municipal de Ciudadanos tiene previsto presentar hoy mismo ante el Ministerio Público la grabación de la sesión de la comisión de investigación sobre la gestión de los expedientes de infracción urbanística del pasado martes, en la que la anterior responsable del departamento de disciplina urbanística, Teresa Domingo, y el exjefe de la sección de inspección, Alberto Íñiguez, acusaron al gerente de Urbanismo, José Cardador, y a la concejala de Cruz del Humilladero, Teresa Porras, de instarles a «mirar para otro lado» para dejar prescribir las infracciones urbanísticas de Villas del Arenal, que finalmente han quedado resueltas en gran medida mediante la aprobación de una figura de planeamiento a posteriori para legalizar la cubrición de los aparcamientos, si bien algunas han sido objeto de derribos.

«Ya fuimos con los posibles enchufes en Limasa y vamos a volver a la Fiscalía. El contenido de la comisión de investigación, que preside Ciudadanos, pone encima de la mesa acusaciones muy graves. Estamos hablando de que altos funcionarios denuncian presiones para hacer la vista gorda con posibles sanciones, presiones para bajar su frecuencia e intensidad, presiones para que los inspectores vayan acompañados por cargos políticos... Estamos hablando de injerencias intolerables en la función pública. Creemos que al menos debe ser motivo de análisis por parte de la Fiscalía», explicó el portavoz municipal de la formación naranja, Juan Cassá.

«Una cuestión es que los procedimientos urbanísticos puedan ser más o menos ágiles, y otra bien distinta aspectos que pueden ir mucho más de la mala praxis. La concejala Teresa Porras debe dar explicaciones al menos políticas a raíz de las acusaciones que salieron a relucir también y, desde luego, el señor Pomares», añadió.

El resto de grupos de la oposición también planean llevar este asunto a los tribunales y han puesto a trabajar a sus servicios jurídicos en el tema. El portavoz del PSOE, Daniel Pérez, confirmó a este periódico que sus abogados están estudiando las afirmaciones vertidas en la sesión del pasado martes. «Nos parecen unas declaraciones graves. Se apunta a una presunta prevaricación continuada», señaló el portavoz socialista.

En el mismo sentido, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, dijo que, una vez que concluyan las sesiones de la comisión de investigación, su grupo va a intentar «que la Fiscalía actúe». «Lo que se ha declarado es muy serio y el equipo de gobierno debe asumir responsabilidades políticas. No queremos que esto se quede enterrado», remarcó.

Por su parte, el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, explicó que los asesores jurídicos de su grupo también están estudiando las afirmaciones vertidas el martes por los dos exresponsables del departamento que gestiona las infracciones urbanísticas para dirigirse a la Fiscalía. «Nos parecen hechos muy graves. Estamos hablando de intervenir en procedimientos de inspección disciplinaria que tienen un tratamiento que está reglado por ley», declaró Zorrilla, quien ayer también pidió la dimisión del gerente de Urbanismo José Cardador; del concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, y de la concejala Teresa Porras «por presuntas injerencias en el trabajo de los técnicos».Ninguno de ellos ha negado hasta ahora que instaran a los responsables de infracciones a frenar la acción que iniciaron para sancionar estas infracciones.