El cariz que va tomando la denuncia sobre supuestas «injerencias políticas» en expedientes de infracciones urbanísticas en la urbanización Villas del Arenal puede ponerle la puntilla a la cada vez más tensa relación entre Francisco de la Torre y sus socios de investidura en Ciudadanos. ... Si esta mañana se hacía público que el Juzgado de Instrucción número 8 ha abierto diligencias previas tras recibir la denuncia presentada por la Fiscalía contra el edil de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de la capital, Francisco Pomares; la concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras; y el coordinador general de Urbanismo, José Cardador, por la tarde ha sido el portavoz de la formación naranja, Juan Cassá, quien ha amenazado al alcalde con romper el pacto de investidura. No será ahora, pero en el caso de que el juez les cite a declarar como investigados, dará 48 horas a De la Torre para que los destituya. «El alcalde tiene que destituir a Pomares, Porras y Cardador. Si no lo hace pasadas 48 horas desde que se conozca que el juez los llama a declarar como investigados, Ciudadanos romperá el acuerdo de investidura», ha advertido Cassá.
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De momento, fuentes judiciales apuntan a que eel juzgado todavía se encuentra estudiando la documentación que le ha llegado. El ministerio público presentó la pasada semana una denuncia, pidiendo al juzgado al que le correspondiera que la admitiera a trámite e iniciara diligencias previas para investigar los hechos y posibles delitos de prevaricación por omisión, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación.
Asimismo, el fiscal solicitaba que el juzgado tomara declaración como investigadas a las personas contra las que se dirige la denuncia, que son los ediles Francisco Pomares y Teresa Porras, y el gerente de Urbanismo, José Cardador.
El ministerio público inició unas diligencias de investigación a raíz de la denuncia presentada en primer lugar por el grupo de Ciudadanos -a la que se sumaron PSOE y Málaga para la Gente- tras las manifestaciones de dos exjefes de urbanismo en la comisión de investigación en el Ayuntamiento sobre la tramitación de expedientes de infracciones urbanísticas en dicha urbanización.
Así, estos indicaron en la comisión, y posteriormente ampliaron ante el fiscal, que la «injerencia política» comenzó con la llegada de concejal Pomares y el gerente, José Cardador, relatando que las acciones que le encomendaban hacían «sumar y dilatar tiempos» en el expediente de Villas del Arenal; aludiendo a que comenzaron a recibir instrucciones por parte de los dos anteriores y Porras sobre las resoluciones de los expedientes y a que se creó un equipo 'b'.
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