Un centenar de personas se citaron en la plaza de la Constitución en la tarde del miércoles para luchar por los derechos de los usuarios y profesionales de los servicios sociales en Andalucía. «Esto es un caos total y el retraso es insostenible», enunciaba ante ... el megáfono José María Aumesquet, vocal de la Plataforma Andaluza de Personal de Atención a la Dependencia (PAPAD). La plataforma convocó a toda la ciudadanía a realizar esta propuesta tras la situación en la que se encuentra este servicio público tras el Decreto-Ley 3/2024: «Supuestamente debía mejorar la relación entre ciudadanía y Administración. Sin embargo, este nuevo procedimiento ha llevado al sistema al caos que hoy vivimos. El colapso en la gestión y los retrasos son ya insostenibles y hemos intentado alertar a la Consejería de Inclusión Social, pero no obtenemos respuestas ni soluciones», explicaron en su manifiesto.
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Consignas como «Moreno Bonilla, aumenta la plantilla», «con uñas y dientes, por los dependientes» o «la Junta te miente mientras muere el dependiente», los protestantes hicieron un corro en la plaza de la Constitución y desplegaron sus pancartas. No sólo se dirigieron a la Junta de Andalucía, también al Gobierno central: «Ha aumentado su aportación hasta el 38%, pero aún no cumple con su obligación de financiar el 50%», reclamaron.
A la cita acudieron representantes del PSOE como el secretario general de Málaga, Daniel Pérez; el portavoz de Inclusión Social en el Parlamento de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo; y la secretaria de Igualdad del partido socialista en Málaga, Rosa del Mar Rodríguez. «Hablamos de la situación de dependencia en Málaga y es caótica: tenemos 609 días de media para que den una solución y cada día que pasa fallecen cinco personas dependientes. Se han inventado un nuevo sistema y la realidad es que se han cargado la dependencia», defendió Daniel Pérez.
En cuanto a las soluciones inmediatas que propusieron desde la plataforma andaluza están «volver a contar con los Servicios Sociales Comunitarios como puerta de entrada de las solicitudes de valoración de dependencia; que sea de nuevo la Administración quien recabe de oficio los informes de salud de las personas solicitantes, evitándoles esa carga administrativa; crear una Mesa de Trabajo de agentes claves en la materia, para abordar de forma urgente el caos actual del sistema; reponer las vacantes y sustituciones del personal de los Servicios de Valoración de la Dependencia en todas las provincias y suspender las externalizaciones de servicios que se están llevando a cabo», concluyeron en su manifiesto.
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