Cuando la cárcel de Málaga estaba en la plaza de la Constitución

Ana Pérez-Bryan

Domingo, 18 de marzo 2018 | Actualizado 04/10/2018 09:49h.

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Aunque hoy pueda parecer extraño por la costumbre ya asumida de que las cárceles, mejor cuanto más lejos, hubo un tiempo en el que esta construcción fundamental para mantener la seguridad de la ciudad ocupaba el centro neurálgico de las urbes. Ese también fue el caso de Málaga, que ya desde el siglo XV e incluso antes tuvo en la plaza de la Constitución el epicentro de sus instituciones públicas, civiles y administrativas: a lo largo de su existencia, este espacio no sólo tuvo distintos nombres (plaza Mayor, de las Cuatro Calles, plaza Real, de Isabel II, de la Constitución, del 14 de abril, de José Antonio Primo de Rivera y otra vez de la Constitución), sino que también sus cuatro fachadas sirvieron para albergar esos símbolos de la gestión de la ciudad, como el Ayuntamiento. En los últimos cinco siglos, a su abrigo tuvieron lugar los principales acontecimientos políticos, culturales, religiosos y sociales de la ciudad. Por haber, allí se celebraban hasta corridas de toros. Y allí también se ubicó, entre los años 1492 y 1834, el presidio de la ciudad, conocido como la cárcel de la plaza de las Cuatro Calles.

La historia de esta construcción es fascinante: de un lado por los cambios que fue experimentando con el tiempo y por los usos y costumbres en el tratamiento de los presos; pero también porque entre sus cuatro paredes se gestaron castigos ejemplares que aún están escritos a fuego en la memoria de la ciudad y que han alimentado historias y leyendas.

Las primeras referencias históricas del presidio datan de la época de los Reyes Católicos, que tras la conquista de la ciudad a los musulmanes (el 19 de agosto de 1487) plantearon la necesidad de que Málaga contara con una cárcel. Sin embargo, aquel germen de prisión nada tiene que ver con lo que hoy entendemos, salvo por el hecho de que también en ese caso había privación de libertad. Pero por aquel entonces, en la casa de un vecino de la plaza. Sí, ha leído bien: la primera solución a la petición de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón llegó dos años después (en 1489) de la mano de una vivienda propiedad de Luis de Monterroso, a quienes las autoridades pagaban 2.000 maravedíes al año en concepto de alquiler. Así lo recoge la historiadora y exarchivera municipal Mari Pepa Lara en el libro 'Historia de las cárceles malagueñas' (Colección Ciudad de Málaga), quien constata que esa opción pronto se volvió inviable por la evidente falta de seguridad que representaba. Las crónicas locales documentan, en efecto, que aquello era un desastre, hasta el punto de que el Ayuntamiento tuvo que enviar una carta a la Corona manifestando que la cárcel «era insuficiente y de mala construcción (…). Los presos se escapan horadando las paredes y por los tejados, no disponiendo el alcaide de habitaciones decorosas siendo, por ello, urgente el ensancharla y acondicionarla debidamente (...)».

Ampliar

Así que poco más de un año tardó el Cabildo municipal en buscar un 'plan B' sin salir de la plaza de las Cuatro Calles, ya que en uno de los cuatro frontales había un baño árabe que con la conquista de la ciudad pasó a manos de la Iglesia y que se reveló como la alternativa más eficaz al confinamiento de los presos en las casas particulares. Sin embargo, la operación de permuta no fue tan fácil y se convirtió en objeto de un intenso litigio que se prolongó varios años por la falta de acuerdo entre el Cabildo y la propia Iglesia y que obligó a trasladar a los reos de forma provisional a otra casa particular en la que hoy se conoce como calle Salinas (una de las bocacalles de Larios).

La materialización del acuerdo llegó a finales de 1492, aunque en los años posteriores seguirían los enfrentamientos a cuenta de los alquileres de los inmuebles que recibió la Iglesia a cambio de dejar libre el baño árabe para la cárcel y también de las adquisiciones de las casas particulares anexas para la ampliación. Aún así, Lara documenta en su libro que en el año 1493 ya existía la cárcel pública en este emplazamiento: la entrada principal del presidio daba a la cercana calle de San Telmo, en una de sus fachadas había una ventana con rejas por la que los reos incluso podían ver y hablar con los que pasaban por allí.

La ampliación y regularización de la prisión fue una realidad definitiva en el año 1517, con la construcción en paralelo de una Audiencia y de una casa para el corregidor que ocuparon -ya sí- todo el paño de la plaza que discurre entre las calles Compañía y Granada. Como curiosidad, hubo una disposición real por parte del rey Carlos I que prohibía de manera expresa al alcaide vender dentro de la cárcel de Málaga pan, vino y otros «mantenimientos»; mientras que una ordenanza municipal dictaba que si algún preso quería que le guisaran la comida en presidio debía abonar dos maravedíes al alcaide o a aquél que se lo cocinase.

Y si aquellas primeras prisiones no tienen nada que ver con lo que hoy se entiende como reclusión, las condiciones de los reclusos también estaban en las antípodas. No en vano, la cárcel se consideraba un negocio cuya rentabilidad primaba claramente sobre la justicia: los presos tenían que pagar 'derechos' exorbitantes a pesar de estar encerrados, y la falta de espacio y condiciones sanitarias en las instalaciones carcelarias y los calabozos convirtieron el presidio en un importante foco de infección. Baste el dato de que durante la epidemia de peste de 1679 el Ayuntamiento tuvo que reparar apresuradamente las Atarazanas para trasladar allí a parte de los presos y así evitar el contagio.

La justicia también brillaba por su ausencia. En el capítulo de castigos ejemplares antes mencionados, la ciudad amanecía estremecida el 20 de septiembre de 1639, cuando se expuso a las puertas del penal el cuerpo sin vida del joven noble Álvaro Torres de Sandoval, sobrino de la aristócrata Sancha de Lara y ajusticiado en la horca la noche antes por orden del alcalde de la ciudad, Pedro de Olavarría, a causa de un pleito personal en el que se mezclaban infidelidades y «falta de respeto» a la autoridad. Aquel episodio representa, de hecho, una de las venganzas más sanguinarias de las que se recuerdan en la Málaga del siglo XVII. Y no tanto por la decisión de Olavarría, sino por la reacción de Sancha de Lara.

El paso de los años no hizo sino confirmar que la cárcel de la Plaza de las Cuatro Calles era insuficiente. A finales del XVIII llegó a albergar hasta mil reos, que seguían expuestos a una falta de salubridad extrema. Mari Pepa Lara hace una referencia explícita en su texto a la doble condena de los presos que además vivían de la caridad, y que recibían por todo alimento ocho onzas de pan y verduras desechadas y «mal cocidas» en agua y sal.

Al margen de las condiciones de puertas adentro, también la fachada de la cárcel representó un asunto para enterrar en la memoria colectiva, ya que ninguno de los grabadores y pintores del siglo XIX dedicó un minuto de su tiempo a inmortalizarla, de ahí que no se guarden documentos gráficos sobre sus características.

Este estado general de las cosas se volvió insostenible comenzado ya el siglo XIX, cuando una cédula real dictaminó que quedaba expresamente prohibido que los jueces utilizaran fórmulas de tormento personal para que los reos confesaran sus delitos. También se mandaba que se construyeran cárceles «seguras y cómodas» que no pusieran en peligro la integridad de los presos. Aquel texto, unido a sendos informes de arquitectos y médicos que confirmaban que mantener el presidio de la plaza de las Cuatro Calles no tenía ningún sentido, supusieron el principio del fin del inmueble. Así, en 1833 el cabildo municipal acordó que los presos fueran trasladados al barrio de San Rafael, dejando ya sin uso aquella construcción. El edificio salió a subasta y fue adquirido, por la cantidad de 123.000 reales, por uno de los empresarios más importantes de la época, Manuel Agustín Heredia, quien demolió la cárcel para construir nuevas casas en 1837 y abrir el pasaje que aún hoy lleva su nombre (Pasaje de Heredia) y que comunica la plaza de la Constitución con la calle Santa Lucía. Con él también quedaba abierto, simbólicamente, un nuevo capítulo de la historia de la ciudad.

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