La caída de la facturación deja al 25% de los comercios al borde del cierre

El sector reclama un plan de rescate que inyecte liquidez. «Esta crisis no se ha producido por una mala gestión empresarial», explica el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Sergio Cuberos: «No es que el mercado haya cambiado y no hayamos sabido adaptarnos ni nada similar. Es una situación coyuntural. Sin ayuda directa, desaparecerán muchos negocios». El sector reclama que al menos una parte de estas subvenciones no tenga que ser devuelta: «El propio Estado, cuando ha solicitado ayuda a la Unión Europea, ha exigido que el 50 por ciento sea a fondo perdido, y es razonable. Pero que haga con sus empresas lo mismo que pide».

El zarpazo del coronavirus lleva seis meses haciendo sangrar la economía de la provincia. En la segunda quincena de marzo, coincidiendo con el primer estallido de contagios y la declaración del estado de alarma, unas 6.500 empresas malagueñas dejaron de cotizar en la Seguridad Social. «Eso no quiere decir que todas liquidaran, porque algunas son pequeñas empresas sin trabajadores», detalla la vicepresidenta y secretaria general de la Confederación de Empresarios (CEM), Natalia Sánchez, «pero hay muchos negocios en riesgo». La representante de la patronal recuerda que la economía de la provincia «está sujeta al sector servicios», de modo que la caída del turismo ha tenido un efecto demoledor sobre la demanda y el gasto, aunque Sánchez insiste en la necesidad de no olvidar que se trata de un asunto de salud pública: «Primero hay que ver cómo seguir luchando contra el virus. Hasta que no haya una vacuna, habrá situaciones que restrinjan la libertad de empresa que es necesaria para trabajar y consumir con normalidad».

Sánchez critica que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se negocien cada trimestre «porque es algo que no ofrece confianza a los trabajadores ni a los empresarios» e insta a las administraciones a no subir impuestos: «Es lo que faltaba. Intentar que las empresas se sostengan significa ayudarlas con los gastos sociales pero también fiscales, incluso habría que analizar la conveniencia de dar una moratoria para los préstamos del ICO». El vencimiento del primer pago de estos créditos estatales, destinados a empresas con necesidades financieras, se producirá a finales de este mes, un escenario que deja a miles de autónomos con el agua al cuello. Desde la CEM también solicitan «altura de miras» a los partidos políticos para negociar el presupuesto y tramitar las ayudas europeas.

En la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) inciden en que el paisaje es similar en el resto de España, aunque las zonas turísticas sufran más las consecuencias de la pandemia. La asociación calcula que cerca de 160.000 pequeños comercios de todo el país cerrarán antes de que acabe el año, destruyendo unos 70.000 empleos. A la crisis se suma el aumento de las ventas 'online' y el temor a los contagios, «una tormenta perfecta» en palabras de Eduardo Abad, presidente de la Upta, que reclama planes de incentivación al consumo, un impulso de la digitalización del sector y la rebaja del IVA a mercados como el comercio, la hostelería, el turismo y la cultura.

Sobre un posible cambio hacia un modelo económico menos sujeto al turismo, Cuberos se muestra tajante: «Estamos encantados de que vengan más empresas tecnológicas y de fabricación, pero hasta ahora lo que tenemos es esto. Somos una economía turística que además crecía casi al tres por ciento en enero y febrero. Esto funcionaba, pero ha habido un virus y una gestión no muy óptima de la situación». En este escenario, recuerda el portavoz de la Cámara de Comercio, «la gente no tiene ni la ilusión ni el dinero que tenía hace seis meses, entre otras cosas porque una familia llena de incertidumbre y con una hipoteca lo último que hace es gastar».