El Salario Mínimo Interprofesional ha subido un 54% desde 2018, hasta alcanzar los 1.134 euros (1.323 euros en doce pagas) este año. Estos sucesivos incrementos han representado una notable mejora en las nóminas de los trabajadores del servicio doméstico, un colectivo integrado mayoritariamente ... por mujeres (en Málaga representan el 97%) y que ha arrastrado históricamente una pesada mochila de precariedad. Pero a más remuneración, más cotizaciones sociales y no sólo por el alza de la base de cotización, sino también por el reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo y otras mejoras en sus condiciones laborales.
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Eso ha supuesto que las familias tengan que hacer frente a un mayor gasto, de manera que si antes una jornada completa, más las cotizaciones a la Seguridad Social ascendía a 1.024 euros ahora son 1.618 euros, sin contar la cuota correspondiente al trabajador. Son casi 600 euros más al mes que tienen que desembolsar los hogares que recurren a estos trabajadores para las labores domésticas y el cuidado de menores o ancianos. Un sobrecoste que resulta del aumento del salario mínimo, que ha pasado de los 858 euros en 12 pagas en 2018 a los 1.323 en 2024, pero también de las cotizaciones sociales que asume el empleador: de los 166 euros hasta los 294, debido al incremento de las bases y que desde octubre de 2022 se cotiza por el desempleo.
Este reconocimiento del derecho a cobrar el paro se produjo después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminara que España contravenía la normativa comunitaria al excluir a este colectivo de la prestación por desempleo. Concretamente, representa un porcentaje del 5,5% para el empleador, aunque la Seguridad Social lo bonifica en un 80%. Además, desde 2023, se aplica también el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un 0,58% de la base, para financiar las pensiones. En el caso de la cotización a cargo del trabajador, también se ha incrementado, desde los 40 euros hasta los 84 y, a veces, también la asume el empleador.
Significativamente, a la par que han crecido los costes salariales para las familias, las cifras de afiliaciones de este colectivo han caído en Málaga, pasando de los 12.156 trabajadores en 2018 (de ellos, 11.237 son mujeres) a los 10.836 este año (10.134 empleadas). Es casi un 11% de menos de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, un retroceso que se produce en paralelo a la carga económica que soportan los empleadores y que desde CC OO alertan de las consecuencias laborales que está teniendo: «Muchas familias están recortando la jornada de estas empleadas de hogar para seguir pagando lo mismo, pero hay otros muchos casos en los que siguen echando horas de más sin que se les paguen», denuncia Pilar Cortés, secretaria de Acción Sindical del Sindicato del Hábitat de CC OO de Málaga, Pilar Cortés.
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La última experiencia laboral de esta auxiliar de enfermería, a la que nos referiremos como Carmen (prefiere mantener su anonimato), fue para olvidar. Constató durante un año la «mezquindad» con la que puede actuar un ser humano, «porque mientras a mí me racaneaban unos cuantos euros, ellos alardeaban y hacían ostentación de su capacidad económica», expone esta trabajadora. En el umbral de los 50 años, desempleada desde hacía ocho y con una hija discapacitada, Carmen aceptó desde el principio las condiciones de su empleador, una familia con tres hijos de 10, 7 y año y medio a los que tenía que cuidar durante cuatro horas al día, de lunes a viernes. «Mi sueldo oficial, el que ellos declaraban, era de 400 euros, los otros 200 que cobraba me los pagaban en negro para ahorrarse en seguros sociales», lamenta esta española, a la que no le cuesta admitir que, pese a las deplorables condiciones, necesitaba el dinero. La ansiada oportunidad le llegó a través de la agencia de colocación de la Asociación Arrabal-AID, que ofrece un servicio gratuito de intermediación laboral a empresas y personas que necesitan contratar a un profesional, aunque la experiencia no fue la esperada. Una remuneración que menguaba en 180 euros cada mes por el gasto en gasolina. Y aún más lo hizo cuando a mitad del año de contrato le comunicaron que atravesaban dificultades económicas y que se veían obligados a reducirle su jornada laboral en un día y con él, los 200 euros que cobraba en 'B'.
Por eso, Carmen asegura que por mucho que siga subiendo el salario mínimo, la realidad va a seguir siendo otra y se lamenta de que, al menos en su caso, no sabía a qué puerta llamar en busca de ayuda. «Hay internas que cobran 700 euros y las tienen calladas con el día de descanso y el plato de comida y la cama que les dan», denuncia esta trabajadora que admite incrédula como después de trabajar un año sólo ha acumulado 160 días de cotización. «No he tenido ni para cobrar el paro». No le hizo falta. Un nuevo contrato le ha devuelto la esperanza.
En este sentido, advierte de que sobre el papel hay una ley que cumplir, pero que la realidad es otra: «La precariedad sigue siendo la misma, porque los abusos no se denuncian por miedo a perder el trabajo y porque, desgraciadamente, son difíciles de demostrar, ya que un domicilio particular es un espacio privado en el que no puede entrar la inspección de trabajo como si fuera una empresa», recuerda Cortés, quien denuncia los atropellos que se siguen cometiendo con trabajadoras muy vulnerables al ser extranjeras y encontrarse en situación irregular. «Al final, intentan llegar a un acuerdo con ellas para no cumplir con la ley».
Muchas de estas trabajadoras son internas y su coste laboral para el cuidado de una persona mayor suele salir más barato que una residencia, «porque no se le dan los descansos semanales que les corresponden. Además, cuando quieren coger vacaciones para viajar a sus países, se encuentran con que el empleador no se las da», alerta Cortés.
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