Se busca nombre para la nueva Limasa

En el Consistorio ya tienen prácticamente listo el borrador de los estatutos de la nueva empresa, aunque falta por decidir el nombre. Una de las opciones que se barajan es 'Málaga Limpia', aunque también se ha puesto sobre la mesa uno más aséptico y menos comercial como Servicio Técnico de Limpieza. A partir de ahí, se aceptan sugerencias.

A la espera de que se decida el nombre, continúan dándose pasos en el proceso de creación de la nueva empresa de limpieza con el objetivo de que todos los trámites estén listos antes de que acabe el año y se pueda materializar el cambio de modelo a comienzos de 2020. Mientras tanto, seguirá prorrogado el sistema mixto actual (el 51% de las acciones están en manos privadas), que debió expirar en abril de 2017 tras 16 años de concesión pero que se mantiene 'sine die' ante la indecisión del Ayuntamiento a la hora de zanjar el futuro de la empresa.

En el plano económico, el ahorro es sustancial. Según avaló la Intervención Municipal, frente a los 100,3 millones de euros anuales que le cuesta al Ayuntamiento la actual Limasa, una privatización total costaría 97,9 millones mientras que una gestión pública de la limpieza viaria y la recogida de residuos a través de una empresa municipal saldría por 92,6 millones al no tener que abonar el IVA de la mano de obra y ahorrarse otros conceptos como la obligatoriedad de obtener un 2% de beneficio o el canon de asistencia técnica que cada año reporta 2 millones a la parte privada (FCC y Urbaser, y de forma minoritaria Sando y Unicaja).

De momento, hasta el próximo lunes 15 continúa abierto el plazo de exposición pública del acuerdo plenario del pasado 30 de abril en el que se aprobó de forma inicial la memoria justificativa en la que se daba cuenta del modelo de sociedad mercantil de capital público local como el más sostenible y económico para la municipalización del servicio.

Si no se recibieran alegaciones, la intención del equipo de gobierno es aprobar de una tacada en el pleno ordinario de este mes (previsiblemente el jueves 25) tanto la memoria como los estatutos de la nueva entidad. En caso contrario, se baraja la posibilidad de convocar una sesión extraordinaria en agosto –ese mes no hay pleno ordinario– para darle el visto bueno a ambos expedientes, ya que sin la memoria aprobada no pueden validarse los estatutos. Si no surgen nuevas demoras, la previsión es que a finales de año puede ser una realidad la nueva empresa, que ya debería tener reflejo en los presupuestos de 2020.

De hecho, la citada memoria estaba lista a mediados del pasado enero, pero el alcalde, Francisco de la Torre, no la llevó a Pleno hasta que no llegó a buen puerto la negociación con los sindicatos para cerrar un convenio laboral que garantice la paz social cuando los trabajadores pasen al ámbito público.