Ayuntamiento y sindicatos retoman los contactos para la municipalización de Limasa

Ayuntamiento y comité de empresa de Limasa retomaron ayer los contactos para tratar de avanzar en el proceso de municipalización del servicio de limpieza sin lograr cerrar, de momento, un acuerdo en cuanto a uno de los principales puntos de fricción: la productividad. Mientras en el Consistorio, representado ayer por la concejala Teresa Porras, mantienen que parte del salario (unos 2.800 euros anuales) sea variable en función de la eficiencia de cada trabajador. En este sentido, el alcalde ha reiterado en sus últimas intervenciones que la productividad será «condición esencial» para la municipalización. Avanzando en esta línea, los nuevos vehículos que está incorporando la empresa van equipados con GPS para conocer en tiempo real dónde, cuándo y qué está haciendo cada empleado. Sin embargo, los sindicatos defienden que el sueldo como tal no se toca, aunque sí que aceptan unos mil euros variables en la paga de productividad.

El reinicio de las conversaciones se produjo en la tarde de ayer después de que Francisco de la Torre diera de plazo a los trabajadores este mes de enero para aceptar la última oferta municipal, consistente en el abono de 8.200 euros en concepto de atrasos por las sentencias que declaran que el único convenio vigente es el de 2010-2012 (previo a los recortes) a cambio de un acuerdo laboral que garantice la paz social durante cuatro años.

Limasa ya les abonó mil en noviembre, pero luego llegó a ofrecer hasta 8.200 contemplando una parte en variable. Algo que rechaza el comité, manteniendo que esa cuantía es salario atrasado, sin hablar del 'paquete B', que es como denominan a los aproximadamente 15.000 euros de media que consideran que les podrían corresponder si los juzgados les dan la razón cuando piden que se compense a la plantilla por el ahorro obtenido en los últimos años por otras modificaciones del convenio como fueron la eliminación de los descansos los fines de semana, el reparto de las vacaciones durante todo el año en lugar de concentrarlas en verano (ambos recuperados en 2018) o la imposibilidad de trabajar los festivos, que se pagan a 140 euros.