La aprobación de la Torre del Puerto de Málaga ya sólo depende del Consejo de Ministros

Se pone fin a una tramitación a cargo de la Gerencia de Urbanismo que se ha prolongado durante cinco años y medio en la fase municipal (desde junio de 2018, con una pandemia por medio); y durante casi ocho desde que la iniciativa se presentó y arrancaron las gestiones a cargo del Puerto, que es el promotor del hotel de gran lujo a instancias del fondo de inversión catarí Al Alfia y, más recientemente, de la cadena Hesperia, que ha asumido la gestión del conjunto, formado por el edificio de 27 plantas y casi 117 metros para las habitaciones y demás servicios hoteleros; y un basamento donde irá un gran centro de convenciones.

Este es, según lo pactado con Puertos del Estado, el último trámite que debía hacer la Gerencia de Urbanismo para que el documento tuviera vigencia, tras una dura negociación que se comió en torno a un año, ya que los gestores municipales eran partidarios de publicarlo después de pasar por Madrid, y no antes. En cualquier caso, el documento urbanístico ya ha cobrado vigencia, y con esto, el Consistorio cierra, de momento, su participación en este largo proceso administrativo. En el caso de que el proyecto obtenga los parabienes que faltan, Urbanismo volverá a intervenir en la fase de licencia de obras.

La modificación del Plan Especial del Puerto, que fue aprobado definitivamente el 2 de abril de 1998, está referido a la Plataforma del Morro de Levante y su objeto es reordenar urbanísticamente ese ámbito, incluido en el vigente Plan de Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) como zona de Interacción Puerto-Ciudad. El fin es establecer «una nueva ordenación pormenorizada que permita la construcción de un complejo hotelero, turístico, de ocio, recreo y cultural», con hasta 45.000 metros cuadrados y una altura de 35+3 plantas (con categoría cinco estrellas) «que complete y potencie los usos ciudadanos y comerciales de los muelles 1 y 2». Como se observa, la altura permitida por el Ayuntamiento son mayores que las del proyecto previsto.

El siguiente hito tendrá como escenario, de nuevo, los despachos de la Autoridad Portuaria de Málaga, donde ahora se tiene que formalizar la concesión definitiva, con la cuantía de los cánones (de ocupación y de actividad) y otras condiciones. Los promotores (Al Alfia y Hesperia) deberán entonces ratificar que siguen adelante, una vez concretadas todas las cuestiones técnicas y económicas. La concesión definitiva se aprobará en un próximo consejo de administración.

Con esto, la Autoridad Portuaria remitirá el expediente a la Abogacía de Puertos del Estado, en Madrid. En este punto, no es previsible que surjan inconvenientes, ya que todos los trámites que se han hecho en Málaga han estado supervisados por este equipo jurídico. De hecho, en una reciente respuesta parlamentaria a IU, el Gobierno ya admitió que el proceso seguido hasta ahora era correcto.

Una vez supervisado, la Abogacía del Estado preparará el expediente y lo elevará a la Secretaría de Estado de Transportes, del Ministerio homónimo. Este organismo será el que lo meterá en el orden del día para la luz verde definitiva en el Consejo de Ministros. Para ello, se tendrá que justificar plenamente el «interés general», para levantar la prohibición que marca la Ley de Puertos para construir un equipamiento hotelero sobre un muelle, en línea con lo ocurrido en 1999 con el Hotel Vela de Barcelona, y en otros casos más recientes en otros puntos de España.

Precisamente, el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, estuvo el pasado jueves en 'La Alameda', el programa que coproducen 101TV y SUR y que presenta el director de este periódico, Manolo Castillo. El máximo responsable advirtió que desde el punto de vista legal no habría fundamentos para tumbar el proyecto: «La Torre del Puerto no debería tener problemas para su aprobación en el Consejo de Ministros».

Por la parte técnica, Rubio no mostró dudas y destacó que el expediente se ha realizado de manera escrupulosa y acorde a la legislación. «Hay pocos proyectos de esta magnitud que se hayan controlado tanto», aseguró. Conscientes del debate que causa en la ciudadanía, Rubio subrayó que los responsables habrían puesto mucho celo en no dejar flecos suelos. «Tiene una tramitación exhaustiva y rigurosa. Está todo perfecto y no debería haber problemas», repitió.

Con todo, el presidente admitió que el Gobierno cuenta con la capacidad de tumbar el proyecto, siempre que lo argumente de manera adecuada. Una posibilidad que existe, precisamente, por la excepcionalidad, ya mencionada, que constituye levantar un hotel en unos terrenos portuarios. «El Consejo de Ministros se puede oponer aunque tiene que argumentarlo en una resolución», dijo.

Esa posibilidad, deslizó, se debe a que el proyecto se habría politizado. «Primero, ha pasado mucho tiempo. Pero luego, tenemos a unos concejales que aplaudían en primera fila cuando se presentó, y ahora se oponen», dijo, en alusión al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Pérez. Preguntado por la oposición que existe entre algunos malagueños, cree que «ese rechazo es más una sensación que otra cosa». Y como argumento en esta línea se refirió al resultado de las últimas elecciones locales. «El candidato del PSOE las planteó como plebiscitarias entre torre sí y torre no. Ya sabemos lo que ha votado la gente».

En cualquier caso, esta hoja de ruta está condicionada a la posibilidad de que la plataforma 'Defendamos Nuestro Horizonte' presente un Recurso Contencioso-Administrativo contra el Ayuntamiento, para dirimir judicialmente todas las presuntas irregularidades que esta ha venido denunciando en fechas recientes. El colectivo ciudadano ya tiene vía libre para ir a los tribunales, una vez que se ha producido la publicación oficial y, por tanto, el nuevo Plan Especial portuario ya está en vigor.

De hecho, el propio texto publicado hoy admite que cabe la interposición de Recurso Contencioso-Administrativo ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en el plazo de dos meses, contados partir del día siguiente al de la recepción de la notificación y/o publicación del mismo.

Desde el PSOE e IU-Podemos a nivel local se han manifestado en varias ocasiones en este sentido. Además, la coalición de izquierda está llevando a cabo una serie de acciones para «torpedear» la tramitación. En cualquier caso, el primer movimiento en el Congreso no ha sido precisamente esperanzador para sus intereses.

Ante una extensa batería de preguntas del diputado malagueño de IU, Toni Valero, el Ejecutivo se limitó «La tramitación seguida por el expediente de modificación puntual de elementos en la plataforma del morro e incremento de edificabilidad máxima de la zona [...] es conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPEMM) y demás legislación aplicable», indica la respuesta parlamentaria.

Para colmo, en relación a la afección sobre La Farola (que es uno de los argumentos principales de los detractores), se recuerda que la declaración de Bien de Interés Cultural del monumento no le afectaría, en la medida en que el entorno ya está protegido y coincide con la «parcela catastral del inmueble».