El Ayuntamiento de Málaga reconoce «la grave situación» del alquiler y la venta de viviendas

Nadie duda de las actitudes políticas de la concejala de Urbanismo, Carmen Casero (de casta le viene al galgo), pero lo que nadie esperaba en el pleno ordinario de este mes de septiembre que fuese capaz de darle la vuelta a la amenaza del PSOE para ir a los tribunales a cuenta de los pisos turísticos y que deban tener todos una entrada independiente. Cambiaba el paso Casero porque, aunque el PSOE no le aceptaba ninguna de las enmiendas a su iniciativa sobre vivienda, ella propiciaba que el grupo popular aprobara una declaración novedosa por la que el pleno del Ayuntamiento de Málaga «reconoce la grave situación de la tensión del mercado del alquiler y la compraventa de viviendas en la ciudad», y la segunda parte que es llamativa: «y exige al Consistorio y la Junta que tomen medidas efectivas para revertir esta situación». PP, PSOE y Con Málaga votaban a favor y Vox, con dos concejales de 31, en contra.

El equipo de gobierno del PP ha empezado el curso político reconociendo problemas, una interesante novedad. Primero, que hay plagas de ratas, algo que venían negando desde hacía años, y segundo, el grave problema habitacional que hay en la ciudad de Málaga y autoexigiéndose y exigiendo a la Junta que se faje («medidas efectivas») para revertirlo. No es un punto de partida, obviamente, porque este verano, tanto el alcalde Francisco de la Torre y la concejala de Urbanismo daban cuenta de la instrucción para que las viviendas tuviesen que tener una entrada y suministros independientes para poder ser legalizadas. En esta jornada, Casero indicaba que las más de mil cancelaciones de declaraciones responsables para legalizar pisos turísticos que se debían dar de baja en junio, ya eran 1.500 cancelaciones. Casero también recordaba las más de 5.000 viviendas que habían hecho en los últimos años, las mil que ahora construían y las más de mil que acababan de licitar.

Precisamente, es en esta instrucción en la que el portavoz socialista, Dani Pérez, basa su amenaza al equipo de gobierno del PP. Argumenta Pérez que puesto que la instrucción se basa en el PGOU de 2011 para que se retrotraigan todas las viviendas turísticas que hay en Málaga capital que no tengan un acceso diferenciado, que eso es lo que había que hacer efectivamente, cumplir esta ley, que es el PGOU, frente a una instrucción, de Urbanismo. Este punto se lo rebatía Casero indicándole que la citada instrucción tenía como percha legal el decreto de la Junta sobre viviendas turísticas de febrero de este año, y que no tenía razón de ser sin él.

Pérez subrayaba que en la última década se han expulsado a 50.000 malagueños de la ciudad, había crecido el precio de la vivienda un 107% y había 12.500 viviendas turísticas, por lo que exigía que Málaga fuesa declarada ciudad tensionada por alquiler, «ante el drama habitacional hay que dar una respuesta y ustedes no lo están haciendo». Casero, por su parte, le pedía que fuese responsable cuando escribiera una moción «por las inexactitudes en el cuerpo de la moción», al tiempo que dijo que sólo podían poner en marcha la instrucción a raíz del decreto de la Junta de 2024, «ya que el decreto de 2016 (Junta socialista) no lo permitía, podían haberlo modificado y no lo hicieron, de esas aguas, estos lodos», le espetó y sacó pecho de la inversión de 38 millones de euros de dinero municipal en las 1.000 viviendas VPO que se construyen y 1.000 adjudicadas ayer miércoles. «Estamos ocupados, conscientes de que tenemos que abordar un problema, pero no intente de manera maliciosa decir que es una cuestión sólo de Málaga», le indicaba Casero a Pérez, mientras que éste la acusaba de lastrar y robarle el futuro a los malagueños«; »pídale con valentía al presidente de la Junta que haga algo además de lloriquear«, que también le dijo al alcalde Paco de la Torre.

El portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, reiteró su argumento de que De la Torre «es el alcalde de los especuladores» e hizo una relación de empresas que se dedican a alquilar casas turísticas, y le afeó al regidor que no supiera cuántos pisos ilegales hay en Málaga. De la Torre recogió el guante de las críticas y le invitó a charlar para explicarle cómo «trabaja para todos los malagueños, para los que menos tienen y más necesitan», ofrecimiento que el integrante de Podemos acepto.

La viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, le criticó al PSOE que quisiera ahora prohibir los pisos turísticos con efectos retroactivos, y respecto a la desregulación que a su juicio hay en este sector, «la Junta ha provocado este problema». También le pidió a Dani Pérez que el Gobierno derogara «la Ley de la Vivienda que interviene los precios del alquiler y facilita la okupación».

Después de tanto debate sólo quedaron dos cosas claras: que el Ayuntamiento de Málaga, y el PP como equipo de gobierno, reconocen el grave problema de la vivienda, y que el PSOE interpondrá, según lo afirmado por Pérez, un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Málaga para que todos los pisos turísticos deban tener una entrada diferenciada.

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