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La vídeoconferencia de los seis regidores de las grandes ciudades españolas (Madrid. Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Murcia) y la primera teniente de alcalde de Málaga, Susana Carillo, que se produjo ayer, sigue hoy muy vigente en el Ayuntamiento de Málaga porque la primera ... de las demandas, el uso del remanente de los presupuestos municipales 2019, que han suscrito todos los munícipes como una de las medidas básicas, corresponde a la petición que le realizó el alcalde Francisco de la Torre a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una carta que le escribió y dio a conocer en los últimos días del mes de marzo (segunda semana del confinamiento). Pero, ¿por qué hacen los municipios esta petición? ¿Es que no los pueden utilizar a libre albedrío siendo parte de su ahorro o su supéravit?
Lo cierto es que con los decretos gubernamentales, que se activaron con la crisis sanitaria del Covid-19 sobre la mesa, sólo el 20% del remanente del año pasado se podrían dedicar a gasto social, «en un momento crucial en el que los ciudadanos de Málaga nos reclaman ayudas alimentarias y subvenciones en este parón tan grave de la economía», subrayaba esta mediodía el concejal de Economía, Carlos Conde, desde su despacho en el distrito de El Palo, donde también ha pedido a las empresas municipales que estudien en profundidad cuáles son los recortes que pueden efectuar en sus gastos para dedicarlo a la bolsa común municipal, partidas que ahora deben ir dirigidas a medidas sociales, y más adelante, cuando se levante el confinamiento, a la reactivación económica. Hay preocupación entre los munícipes por un rumor que corre por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de que el Gobierno pudiera maniobrar para quedarse con el superávit (remanente) de los ayuntamientos. Las alertas se han encendido, como explicaban fuentes municipales, ante la insistencia de los ayuntamientos al Gobierno de hacer uso de totalidad del ahorro del presupuesto del año anterior, que aún no han obtenido respuesta alguna.
El remanente, además, debe servir, según el concejal de Economía, para hacer frente a los servicios que son deficitarios como la red de autobuses EMT, que siguen trabajando pero sin suficientes usuarios, para hacer frente a la política de reducción fiscal (exención cobro mesas y sillas, mobiliario urbano de los bares, mercadillos, kioscos, tasa de basura industrial, e incluso el IAE, impuesto éste que se detraerá si el Gobierno lo permite este año, y si no se compensará el que viene), los museos cerrados y el Palacio de Ferias, entre otras empresas municipales.
De llegar el maná europeo, los fondos ya destinados a los gobiernos europeos para hacer frente a esta situación de excepcionalidad, de los que se aprobaron ya medio billón de euros el jueves pasado, los siete ayuntamientos piden acceder a ellos así como a los que «provinieran de un futuro plan Marshall, de activarse, para la mitigación de la crisis», como explicaba Conde haciendo hincapié en que las administraciones locales son las que están más cercanas al ciudadano y a la red empresarial del entorno, saben de sus necesidades así como que son las administraciones que más parte de su presupuesto detraen a lo que llaman gastos impropios, que deben solventarse para cumplir con las necesidades actuales, incidió.
«Los ayuntamientos históricamente han demostrado su capacidad y eficacia. Somos los más indicados para atender las demandas de los ciudadanos en esta crisis sanitaria y para que la recuperación económica se haga con mayor éxito; por eso estamos pidiendo manejar con más flexibilidad nuestros propios ahorros (remanente), y que si el Gobierno de España recaba fondos europeos de la UE para reconstruirse tras el Covid-19, que canalice buena parte de ellos a los ayuntamientos por nuestra cercanía a los ciudadanos y nuestro conocimiento del territorio y de los sectores estratégicos», subrayaba el edil de Economía.
Otras de las medidas acuciantes, en las que están de acuerdos los siete grandes municipios, pasan porque se suspendan los plazos establecidos para la presentación de los planes económico-financieros mientras dure el estado de alarma, que se flexibilicen los criterios de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto para aumentar el gasto público, que se habiliten fondos nacionales en los que puedan participar para financiar los grandes déficits de tarifa que se están generando en el transporte municipal, incrementar la prestación de servicios sociales y participar en el desarrollo de políticas de empleo así como establecer programas de empleo y que el Estado les permita avalar líneas de crédito para ayudar a autónomos y pymes, como indican en el manifiesto «Ciudades fuertes, cívicas y solidarias para salir de la crisis», que suscribieron ayer.
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