El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este viernes una fórmula económica con la que procurará evitar la fuga de empresas constructoras a las que ha adjudicado obras municipales cuyos costes se han disparado en el último año por la subida del precio de los materiales y los transportes. Como ha venido informando SUR en los últimos días, la situación resulta especialmente desesperada en el caso de proyectos que promueve la Gerencia Municipal de Urbanismo, que ha visto como han renunciado las empresas adjudicatarias de obras importantes como la remodelación del paseo de los Tilos o la semipeatonalización de la calle Álamos.
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La concejala de Contratación, Elisa Pérez de Siles, ha explicado que, mediante una resolución firmada este viernes por el alcalde, Francisco de la Torre, aquellas empresas que demuestren que la subida de precios les ocasiona un desequilibrio económico de un 5% como mínimo respecto al presupuesto que ofertaron al Ayuntamiento, podrán revisarlo al alza hasta un 20% del importe de adjudicación.
«Esto podrá aplicarse a todos los contratos municipales de obras y servicios para la ejecución de obras que se encuentren en licitación, adjudicados o en ejecución, suscritos desde 2020, siempre y cuando todavía no haya sido liquidados», ha aclarado Pérez de Siles, quien ha resaltado que el Ayuntamiento de Málaga ha sido uno de los primeros en acogerse a esta posibilidad que contempla la trasposición de la normativa estatal que, sobre esta cuestión, ha realizado la Junta de Andalucía.
«El decreto del Gobierno no estaba mal pero no nos servía a los ayuntamientos porque solo contemplaba contratos con más de un año de plazo y con un listado de materiales muy reducidos. Hemos estado trabajando con la Junta desde el principio y hemos sido uno de los primeros ayuntamientos en aplicarlo, si no el primero», ha destacado la concejala de Contratación.
Según ha puntualizado, las empresas que ya hayan renunciado formalmente a la adjudicación de obras municipales por la subida de los costes no podrán beneficiarse de esta revisión de precios, pero sí todas aquellas que se encuentren en proceso de adjudicación o ejecutando los contratos. «Ahora teníamos un problema con los contratos de obras y servicios de los distritos, a los que muchas empresas aspiraron con unas ofertas económicas que eran un 30% más bajas que el precio de licitación. Si a esa baja se une que los precios han podido subir hasta un 40%, les resultaba imposible afrontar los contratos», ha explicado Pérez de Siles, quien ha confiado en que el 20% de margen de subida de precios les permita al menos no tener que renunciar si resultan adjudicatarias.
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Asimismo, ha resaltado que, a partir de ahora, en todas las bases de los contratos de obras municipales se incluirán unas cláusulas especiales de revisión de precios que tendrán en cuenta, de forma específica, toda la casuística sobrevenida que se ha generado con motivo de la crisis sanitaria y económica de los últimos años, agravada por la guerra en Ucrania. Además, no se penalizará por retrasos a las empresas que justifiquen que las demoras en la ejecución de las obras se debe a la falta de suministros por su escasez en el mercado; y se podrán cambiar los materiales especificados en un proyecto, siempre que ese cambio no implique «una merma en la funcionalidad y seguridad de la obra en ejecución».
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