El Ayuntamiento de Málaga empieza a cobrar a los inquilinos morosos de pisos sociales: planes de pago y amenaza de embargos

El Ayuntamiento puso en marcha entonces un plan de seguimiento para el pago de los alquileres, una iniciativa para el control de sus arrendatarios morosos que ya ha dado sus primeros frutos: en este último año, la deuda se ha reducido un 5%. Todavía sigue siendo muy abultada, pero ya se han logrado cobrar numerosos recibos que antes no se pagaban.

«Acabamos de cerrar el año 2024 y con respecto al anterior hemos mejorado un 5% el pago; el plan está funcionando», celebra el concejal de Vivienda, Francisco Pomares. El equipo de técnicos que se dedica a estas tareas comienza por reunirse con cada familia, estudiar caso por caso y plantear distintas opciones. «Estamos consiguiendo que la gente empiece a pagar con planes personalizados; en otros casos, se les propone que cambien a una casa más barata, que esté más ajustada a sus posibilidades y así dejan de tener deudas».

El edil subraya que en ningún caso se acude a la vía del desahucio de los inquilinos que tienen legalmente adjudicada una vivienda social, sólo en los casos de okupación por la fuerza. Lo que sí se acude es a procedimientos monitorios, que permiten reclamar las deudas dinerarias acreditadas.

«No se trata de echarlo de la casa sino de solicitar un embargo, siempre que el equipo social, durante las visitas, comprueba que hay medios para pagar, aunque sea lo mínimo». Habitualmente, estos procedimientos judiciales afectan sobre todo a los vehículos y otros bienes costosos, y los inquilinos suelen aceptar el plan de pagos en el momento en que ven la amenaza de perderlos.

A propósito, Pomares pone de relieve que nunca se le pide a una familia que afronte un gasto por encima del 30% de sus ingresos para el pago de la vivienda. Pero hay casos en los que, cuando los técnicos visitan la casa, comprueban que hay ingresos y en cambio el IMV no recibe nada. «Si los ingresos familiares son de 800 euros, nunca vamos a pedirles 500, pero es que no pagan ni 100. De eso trata el plan de pagos».

«Por muy poco que se ingrese, la cuestión es que en el nivel de gasto de la familia tienen que haber una partida para la vivienda acorde a lo que cualquier otro ciudadano necesita aportar para este gasto, y que no debe superar el 30% de sus ingresos». Pomares recalca que esta cifra incluye todo lo que supone un hogar: la renta, junto con la luz, el agua, etc.

De esta forma, se ha logrado frenar por primera vez la progresión de la deuda por los impagos de los inquilinos de las VPO en alquiler que están bajo la tutela del IMV, y que se había incrementado un 30% en los últimos tres años, hasta un montante total de 29,2 millones de euros. De esa cantidad, el balance presupuestario del IMV califica 22,8 millones de euros como de «dudoso cobro», porque son impagos de alquileres sociales que se arrastran desde hace varios años, pero que se siguen manteniendo como deuda.

Desde la crisis económica de 2008, el Ayuntamiento de la capital no ejecuta desahucios de viviendas protegidas en alquiler por impagos, lo que otorga una cierta impunidad a personas que no abonan las mensualidades pese a que estas rondan los 230 euros de media en el caso de las VPO construidas por el Consistorio, si bien las últimas promociones pueden llegar a los 400 euros.

Esta cantidad puede reducirse hasta los 45 euros mensuales en el caso de los pisos de titularidad autonómica que corresponden a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), aunque la administración y su mantenimiento lo asuma la ciudad.