El Ayuntamiento de Málaga aprueba por unanimidad hacer un plan integral de mejora para el castillo de Gibralfaro

Todos los grupos municipales han aprobado este lunes una moción de Ciudadanos en la que se exige que se ponga en marcha un plan integral de mejora para el castillo de Gibralfaro, después del derrumbe que se produjo el pasado 24 de noviembre en uno de los lienzos de su muralla norte, como avanzó este periódico . La propuesta, defendida por el concejal de la formación naranja Alejandro Carballo, pide que se haga un diagnóstico urgente del estado de toda la fortaleza para desarrollar obras de consolidación y rehabilitación, y que el Ayuntamiento se coordine con la Junta para llevar a cabo un plan de mantenimiento y mejora continuado en el tiempo, que permita acometer reparaciones de forma inmediata para daños sobrevenidos, como el citado desmoronamiento de la muralla. Además, se solicita que el Gobierno andaluz colabore económicamente con esta iniciativa.

«El castillo se está deteriorando a pasos agigantados», ha destacado Carballo. Por su parte, el viceportavoz del PSOE, Sergio Brenes; la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo; y el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, han manifestado la necesidad de que se elabore un plan director para la antigua fortaleza que determine su estado de conservación y priorice las intervenciones que se puedan acometer para garantizar su conservación.

También ha sido aprobada por unanimidad una moción de Eduardo Zorrilla en la que se exigen medidas para la protección y conservación de la antigua fábrica de El Tarajal como «joya del patrimonio industrial malagueño». El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ha detallado que, en febrero de 2016, a raíz de la aprobación de una moción similar, se solicitó a la Consejería de Cultura que se iniciara el expediente para declarar esta construcción como bien de interés cultural. «Nos dijeron que sí, pero no ha sido hasta este pasado mes de septiembre cuando la Junta ha iniciado el proceso de contratación de una empresa para que estudie este asunto, junto con otras posibles declaraciones de BIC. Cultura ha tardado dos años en dar el paso», ha remarcado Pomares.