El Ayuntamiento de Málaga culmina el proceso para que la nueva empresa de limpieza empiece mañana

Una vez que el viernes el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Málaga desestimó la petición de suspensión cautelar de la entrada en servicio de la nueva sociedad que solicitaba Servicios Urbanos de Málaga (Seruma), que es la parte privada de Limasa con un 51% de las acciones y que está integrada por FCC, Urbaser, Sando y Unicaja, tanto personal municipal como de la propia Limasa han estado trabajando para culminar los trámites necesarios para la reversión de los bienes afectos al servicio público de limpieza viaria y recogida y tratamiento de residuos; es decir, las instalaciones de Limasa, el parque móvil compuesto por medio millar de vehículos y el trasvase de la plantilla.

En cualquier caso, por delante aún quedarán más cuestiones por resolver hasta que se complete la transición de Limasa III a Limasam. Además, deberá abordarse la liquidación y disolución de la entidad mixta, cuyos plazos no tienen por qué coincidir con la entrada en servicio de la municipal y que, entre otros flecos, contempla la aprobación de las cuentas anuales de 2019 y de las de este primer semestre de 2020.

En este trámite, cada parte recuperaría su paquete accionarial, que para la parte privada supondrá la reversión de 3 millones de euros. Además, quedarían por repartirse el montante que se ha ido dejando en reserva. En su conjunto, las estimaciones apuntan a que los socios privados recuperarían unos 5 millones. Sin embargo, Seruma ya dejó claro en cada periodo de alegaciones de los trámites que exige más dinero, llegando a reclamar al Consistorio que ponga los 8,68 millones de euros correspondientes a los siete últimos años en los que los accionistas renunciaron al reparto de dividendos, una cuantía que igualmente se distribuiría a cada parte al 49-51%, por lo que la parte privada serían 4,4 millones.

Del mismo modo, también siguen su curso los recursos judiciales contra la municipalización interpuestos tanto por Seruma como por la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), de la que también forman parte FCC y Urbaser, ya que lo que desestimaron los tribunales fueron las peticiones de medidas cautelares, sin entrar en el fondo del litigio.