El Ayuntamiento alerta del «drama» de la okupación de viviendas sociales para las familias necesitadas en Málaga

Así consta en el último informe de actuaciones de la Oficina del Derecho a la Vivienda, un servicio municipal que ayuda a propietarios, inquilinos, ocupantes ilegales y afectados para tratar de intermediar y buscar soluciones negociadas.

Este documento dedica un apartado a la propiedad de las casas que están okupadas en la capital (al menos, aquellas en las que alguna de las partes recurren al Ayuntamiento por algún motivo). En este punto, como es de sobra conocido en el sector inmobiliario, los más afectados son los grandes tenedores privados: bancos y fondos de inversión, que sufren la mitad de los 492 casos que hubo en 2023 (esto es, 245).

Pero el segundo grupo más afectado es la propia administración, Ayuntamiento y Junta, que tiene ocupantes irregulares en un buen número de unidades del parque público. Está situación es vista como un «drama» por parte del concejal de Vivienda de Málaga, Francisco Pomares. El drama es que ocupen una vivienda porque detrás hay una familia que la necesita». «No es una vivienda vacía, no es una vivienda cerrada ni de un gran tenedor: es una vivienda de un parque público que está adjudicada».

El edil pone de relieve que hay situaciones extremas: «He vivido el caso de la muerte de una persona, y a la mañana siguiente meterse alguien». Los okupas le quitan el puesto a personas que llevan hasta siete años esperando, «con circunstancias sociales gravísimas». Y además se amparan en el hecho de que los juzgados, cuando se trata de una vivienda pública o de un gran tenedor, atienden más la legislación desde el punto de vista del ocupante que del titular.

El Instituto Municipal de Vivienda (IMV) entrega de media 70 viviendas al año a familias en riesgo de exclusión social, «que no han okupado, que están en la lista y que han participado en un sorteo». «La familia que entra en una vivienda que se nos queda libre tiene todos su informes y sus valoraciones», explica. «Por eso es más grave: porque no es que perjudique a la administración pública, sino que evita que una familia en riesgo de exclusión acceda a una vivienda».

En este punto, Pomares hace una reflexión sobre el debate público acerca de este problema: «Esto es indefendible desde el punto de vista de cualquier grupo político y cualquier ideología. No podemos defender la okupación en el parque público, porque eso estar en contra de las familias en riesgo de exclusión social que tienen derecho a esa vivienda».

«La okupación del parque público se convierte en un drama para las familias que la están esperando; hay que darle la vuelta, hay que ver a las víctimas, no a los propietarios», se lamenta. «Por eso tenemos que ser inflexibles, porque hay que defender a la familia que le ha sido adjudicada dicha vivienda».

A este «drama», se añade la demora crónica de la Justicia: «Nos tiramos más de dos años de media ahora mismo para poder desalojar a estos que okupan», lo que agrava la cola de personas que necesitan acceder a estos pisos. De manera que esos 161 expedientes de desahucio que el concejal tiene sobre su mesa son un verdadero quebradero de cabeza.

A eso, se une una segunda derivada, y es que los ocupantes irregulares se quedan directamente fuera del sistema. «No podemos dar una vivienda del parque público a la persona que ha cometido un delito, la ley no lo permite y sólo faltaría que encima les premiáramos». «Las mismas familias que hacen esto se buscan la ruina».

Por ello, concluye: «Si se permitiera una desokupación más rápida del parque público, podríamos darle solución ahora mismo a 161 familias en riesgo de exclusión. Y la única manera que tiene la Administración Pública de garantizar la igualdad de oportunidades es sortearla. Porque no hay un pobre más que otro pobre, no podemos entrar ahí».