El Ayuntamiento de Málaga echará una mano a los afectados por el cierre de la clínica odontológica iDental, que además de quedarse con el tratamiento a medias también se ven obligados a seguir abonando el crédito que tuvieron que solicitar con distintas entidades financieras. A esta dificultad se añade otra, ya que como la empresa no les facilita su historial médico otros profesionales médicos no acceden a tratarlos, según denuncian desde la plataforma de afectados que se ha constituido en Málaga, donde se estima que pueda haber unas cinco mil personas perjudicadas.
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A través de una moción presentada por el grupo municipal socialista, la comisión plenaria de Economía ha aprobado por unanimidad no sólo mostrar el apoyo a la plantilla de la clínica, sino que a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor se facilitará apoyo e intermediación a los afectados ante las entidades bancarias y financieras. «Hemos sido estafados y estamos sufriendo no sólo problemas físicos, sino también psicológicos por los tratamientos no finalizados. Y encima debemos seguir pagando un préstamo pese a saber que no vamos a terminar de recibir los tratamientos contratados», ha denunciado la presidenta de la plataforma de afectados, Ana Gutiérrez.
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«Esta empresa se dedicaba a ofrecer tratamientos subvencionados y eso animó a muchos pacientes, pero la realidad es que están desasistidos, así que entendemos que debemos prestar ayuda y ofrecerles la infraestructura y el personal altamente capacitado que tiene este Ayuntamiento en materia de consumo», ha defendido la concejala del PSOE, Lorena Doña.
En esta línea, la concejala de Reactivación Económica, Elisa Pérez de Siles, ha explicado que pese a que el Ayuntamiento no tiene competencias en materia de mediación y arbitraje, sí que está poniendo a disposición de los usuarios los servicios del personal del departamento de Consumo, que desde el cierre de iDental «activó el protocolo para empezar a trabajar en defensa de los afectados». Según los datos facilitados por la edil, de momento se han tramitado 41 reclamaciones contra esta clínica, que han sido remitidas a la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, y también se les está informando sobre los pasos a dar con las entidades financieras. «Nuestra interpretación es que la ineficacia del contrato de consumo con la clínica conlleva la ineficacia del contrato del crédito», ha apuntado Pérez de Siles.
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