Málaga activa el cobro de todas las multas por no llevar la mascarilla que son de su competencia

El destino final de las miles de multas por no llevar la mascarilla que debían tramitar primero el Gobierno y luego la Junta de Andalucía sigue siendo una incógnita a día de hoy, pero en el Ayuntamiento de Málaga sí que han seguido su curso las 4.530 denuncias formuladas por la Policía Local durante el mes y medio de vacío legal en el que ninguna de las dos grandes administraciones se hizo cargo de las sanciones; es decir, entre el fin del primer estado de alarma (21 de junio de 2020) hasta la entrada en vigor el 4 de agosto del decreto autonómico que regula el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía ante el Covid-19. Por tanto, las multas correspondientes a esas seis semanas sí que están llegando.

Hasta el momento se han cobrado 932, que han supuesto para las arcas municipales unos ingresos de 29.655 euros. Haciendo la división, resulta que la infracción sale por 32 euros. Y así es, porque aunque el decreto estatal de finales de marzo de 2020 en el que se impuso la obligatoriedad de la mascarilla penaba su incumplimiento con hasta 100 euros (el andaluz dice 'desde 100' pero es posterior a las denuncias) los servicios jurídicos del Consistorio le han aplicado el principio de graduación, por lo que la primera infracción se sanciona con 50 euros y sólo en caso de reincidencia se exigen los 100.

Además, cuando se notifica la multa se ofrece un 20% de descuento para incentivar su pago en periodo voluntario, por lo que se quedarían en 40. Pero hay más, porque en el caso de que el denunciado reconozca su responsabilidad y renuncie a recurrir posteriormente se le rebaja un 20% sobre esos 40. ¿Resultado? 32 euros. «Como no estaba regulado, hemos salido al paso como ha determinado la asesoría jurídica, que propuso fijar la graduación y fomentar el pago», explica el concejal de Economía, Carlos Conde, quien trata de despejar cualquier sospecha de afán recaudatorio y encaja esta decisión en que «se trata de una medida de protección de las personas y acorde a la situación de pandemia».

En ese periodo, los agentes de la Policía Local de Málaga impusieron 4.719 denuncias por este concepto, aunque 189 quedaron desechadas porque al activar la maquinaria para su cobro se constató que el precepto no obedecía a las medidas sanitarias. Por tanto, los expedientes abiertos por no llevar la mascarilla o hacer mal uso de la misma son 4.530. Todos han sido tramitados por el órgano de gestión tributaria (Gestrisam), aunque hasta ahora son 932 las multas pagadas.

El resto está en trámite de cobro, en periodo de alegaciones o notificadas a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) ante la imposibilidad de hacerla llegar al infractor después de dos requerimientos. «Hemos entendido como Ayuntamiento que debíamos asumir esa responsabilidad en esas semanas de vacío legal, así que dimos un paso adelante para encarar esa carga de trabajo administrativo», remarca Conde.

En ese listado de 4.530 hay que eliminar 289 que finalmente han sido declaradas nulas por presentar algún defecto de forma como puede ser que en la denuncia no estuviera bien descrita la infracción. Además, hay otras seis calificadas como asociadas a otra multa, lo que significa que el sancionado cometió alguna otra infracción y el expediente se está tramitando bajo ese otro concepto.

Hasta ahora, son 79 las que han recibido alguna alegación o recurso, mientras en otras 65 el infractor reconoció los hechos al instante y pagó. En cuanto a las que quedan pendientes, Gestrisam ha remitido 5.163 notificaciones de comunicación entre primeros y segundos requerimientos. De ellos, hay 2.669 a los que por algún motivo no se ha podido confirmar la entrega por correo postal, por lo que fueron publicadas a efectos de notificación en el Boletín Oficial del Estado en sendas remesas publicadas los pasados 4 de febrero, 30 de marzo y 12 de mayo.