La Asociación de Promotores recurre el concurso para una torre de más de 20 plantas en El Bulto: aseguran que es ilegal

En este caso, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha abierto un concurso que abre la puerta por vez primera en la capital a la figura del agente urbanizador. Se trata de una fórmula contemplada en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) que consiste en que una empresa puede presentar ante el Ayuntamiento una propuesta para asumir la urbanización de un espacio de la ciudad contemplado en el PGOU que esté por desarrollar. En este caso, esa sociedad se ofrece a asumir la gestión del planeamiento así como las obras de urbanización del sector en cuestión, a cambio de hacerse con parte de los derechos constructivos que poseen los propietarios de la parcela. Para ello, se hace una valoración económica que equipare la parte del proyecto que quedaría en manos del nuevo agente, a modo de retribución, con los gastos que le suponen los trabajos para dejar el suelo listo para edificar.

A raíz de la propuesta presentada por la promotora marbellí Sierra Blanca, Urbanismo abrió de forma oficial el pasado día 3 el concurso para seleccionar el agente urbanizador que se encargará que activar el proyecto para El Bulto previsto en el vigente Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) desde 2011. El plazo para la presentación de las propuestas es de un mes y finaliza el jueves de la semana próxima.

No obstante, según ha podido conocer SUR, la Asociación de Constructores y Promotores ha presentado ante la Gerencia de Urbanismo un recurso de reposición firmado por su secretaria general, Violeta Aragón, en el que se exige que se anule este concurso y se reelaboren sus bases porque, según esta entidad, incumplen la ley.

En concreto, la ACP considera que es «contrario a derecho» que en un mismo concurso se adjudiquen por separado la propuesta técnica o arquitectónica para el proyecto, por un lado, y la proposición económica, por otro. Y es que el procedimiento activado por Urbanismo ha previsto dos fases. En la primera, las promotoras interesadas deberán aportar sus propuestas para la ordenación urbanística del sector y el proyecto de urbanización, que serán expuestas al público durante 20 días para recabar alegaciones. Concluido ese plazo, responsables de Urbanismo puntuarán cada uno de los diseños en función de unos criterios que valorarán la composición volumétrica y singularidad de los edificios, su integración en la ciudad, la calidad de los espacios públicos, la reubicación del Cottolengo en un nuevo edificio y la solución para integrar en superficie el trazado del ferrocarril del puerto, haciendo posible su soterramiento en el futuro, entre otras cuestiones.

Una vez puntuadas las propuestas a nivel técnico, se obtendrá un proyecto ganador y, superado ese proceso, comenzará la segunda fase, en la que Urbanismo abrirá un plazo de un mes para que las empresas aporten su propuesta a nivel jurídico y económico para desarrollar ese proyecto seleccionado por sus valores técnicos, aunque no sea el suyo.

Para la Asociación de Promotores, no es legal que «el agente urbanizador pueda ser elegido para desarrollar una alternativa técnica que puede no ser la que él mismo haya ofertado o incorporado a su propuesta». Para ello aportan una serie de argumentos jurídicos y hacen alusión a diferentes artículos del reglamento de la Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA). Según los promotores, un artículo de ese reglamento avala que la propuesta técnica del agente urbanizador «debe ser suya y debe ser parte de su oferta», y aseguran que de la normativa vigente «no se deduce que pueda dar lugar a una selección y adjudicación separada». «Hay razones sólidas que respaldan la necesidad de que, aunque haya fases separadas, se reconduzcan de modo que, al final, exista un proceso de licitación unificado, donde tanto la alternativa técnica como la proposición jurídico-económica se evalúen en conjunto y se adjudiquen al mismo licitador, a pesar de la existencia de dos fases diferenciadas», insisten en el recurso.

Según la ACP, las condiciones del concurso abierto por Urbanismo pueden desincentivar a las empresas «al tener que realizar un importantísimo desembolso inicial, a fondo perdido, si su propuesta no resulta ganadora, amén de tener que abonar a otro licitador los gastos que le ocasionó la alternativa técnica ganadora». Así, recalcan que, en el caso de que el agente urbanizador tenga que ejecutar un proyecto que no es el que presentó, aparezcan «riesgos imprevisibles o de diseño que no le corresponda asumir, generando una mayor incertidumbre tanto para la administración como para los propietarios del suelo».

Asimismo, el recurso de los promotores critica que los criterios de las bases del concurso para puntuar el proyecto a nivel técnico no están suficientemente definidos y otorgan demasiado «margen de discrecionalidad» al órgano que evaluará las ofertas, que tendría una «libertad de decisión ilimitada».

A consultas de SUR, fuentes de la Gerencia Municipal de Urbanismo han apuntado que sus servicios jurídicos «están analizando» este recurso de la ACP. Así, por el momento, se desconoce si va a suponer algún tipo de paralización o freno en el concurso para seleccionar al agente urbanizador que lleve a cabo el proyecto de transformación de El Bulto.