Una vecina fuera de cobertura

«A finales de octubre pasado vimos que en el bloque empezaron a quitar de la terraza unos depósitos antiguos de uralita y montaron las antenas. En febrero las pusieron en activo y fue cuando empecé a notar los síntomas», relata. Dolores de cabeza, problemas graves para dormir, picores, sequedad en la boca... todo esto es lo que siente cuando está en la parte de su casa que está más expuesta hacia ese lateral, que es el salón y su dormitorio: «En cuanto entro es como si me diera una bofetada en la frente, no puedo salir ni a regar las macetas». Luego, baja a la calle y se le quita. «Me han hecho analíticas y no tengo nada, es todo por las antenas».

Tras las pesquisas que ha hecho, asegura que se han montado dos árboles con repetidores de múltiples compañías, camuflados bajo la apariencia de paneles de aluminio blanco. La familia ha presentado un escrito ante la Gerencia de Urbanismo –al que ha tenido acceso SUR– en el que reclama que se compruebe tanto la legalidad de la instalación como el campo electromagnético que genera mediante mediciones. Y en caso de que haya cualquier duda, que se precinte la instalación y cese la actividad por los daños graves a su salud que está causando. También está promoviendo la creación de una plataforma entre los vecinos de la zona para intentar que se desmantele la instalación.

En paralelo, se han visto obligados a invertir más de 2.000 euros en reformas para intentar blindarse de la radiación. De entrada, han tenido que forrar las ventanas que dan a esa zona con aluminio y han cubierto las paredes con una pintura de apantallamiento de grafito y con toma de tierra, a lo que se unirán unas cortinas especiales de hilo de cobre y plata. «Me siento prisionera en mi propia casa, así no se puede vivir», denuncia.

Consultado por esta cuestión, el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, Antonio Rodas, explica que la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, permite el derecho de ocupación de la propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario para la instalación de la red prevista en el proyecto técnico, «siempre que no existan otras alternativas técnica o económicamente viables, ya sea a través de su expropiación forzosa o mediante la declaración de servidumbre forzosa de paso».

No obstante, aclara que los casos de las expropiaciones o instalaciones forzosas no son habituales y los operadores siempre intentan buscar soluciones que permitan no llegar a dichos términos, «normalmente, por acuerdo con comunidades de vecinos, con alguna contraprestación».

En cuanto al despliegue de la nueva red 5G, que requiere más antenas que antes, Rodas desconoce los planes específicos y detalles de ubicaciones de los operadores, «pero entendemos que estos tienen previsto utilizar el dominio público, donde la ley también les facilita el derecho». Por lo tanto, «de una u otra forma la ley ampara a los operadores en el uso de dominio privado mediante servidumbres y expropiaciones, así como del dominio público. Igualmente, por razones técnicas o económicas podrían hacer uso de las fachadas de las edificaciones en los despliegues de red de acceso ultrarrápido, como es el caso del 5G».

Lucila Gutiérrez es la expresidenta del Ampa del colegio Los Guindos, que lleva varios años luchando contra las antenas de telefonía que hay en el entorno del centro. Reconoce que la retirada de estas estructuras supone una larga batalla judicial. «Es una carrera de fondo, muy difícil pero no imposible», afirma, y coincide con la denunciante: «Los vecinos que nos encontramos alrededor de una antena estamos vendidos y no tenemos ningún derecho».