Alerta grave en Guadalmar y Vélez-Málaga: este es el aviso de Costas sobre su futuro

El Gobierno central ha encendido la alerta roja respecto al futuro que espera a dos tramos del litoral de la provincia que, en los últimos años, han sido invadidos por el mar sin que las medidas que se han tomado para evitarlo hayan podido frenarlo. Se trata del tramo de playa que abarca desde la urbanización de Guadalmar, en la capital, hasta el límite con el término municipal de Torremolinos, y de la zona de la desembocadura del río Vélez, entre el camping naturista de Almayate y el núcleo de Torre del Mar, en el municipio de Vélez-Málaga.

Para ambos casos, la Dirección General de la Costa y el Mar ha iniciado con un periodo de exposición pública activado este lunes el expediente para la declaración de ambos tramos en una situación de regresión grave del litoral. Esto significa que los estudios realizados por este departamento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han constatado un retroceso de la línea de la orilla superior a cinco metros al año, en cada uno de los últimos cinco años.

En este caso, análisis realizados por Tragsatec han verificado este avance desmedido de la línea del mar y han hecho un pronóstico de cómo podría agravarse en los próximos años. En el caso del tramo de costa de Guadalmar, en los documentos oficiales publicados por Costas se observa que la línea media de agua del mar seguirá avanzando tierra adentro en los próximos 15 años, quedando prácticamente al borde de las viviendas y el hotel existente en la zona en 2030, y llegando a inundar algunas de las casas situadas en el extremo sur de la barriada en 2070. Asimismo, se observa que también avanza notablemente la cota de posibles inundaciones por temporales.

Costas ha realizado un completo estudio técnico basado en datos que abarca desde el año 1957 hasta 2022 para comprobar la gravedad de la regresión que han experimentado estos dos tramos del litoral. En el caso de Guadalmar, esa pérdida de zona de playa ha sido especialmente significativa desde 2016, a pesar de las aportaciones de arena realizadas en los últimos años, para evitar la pérdida de terreno costero tanto en la playa como en la zona en la que existe una estación de bombeo. «En el año 2019 se aportaron alrededor de 6.000 metros cúbicos de arena a la zona y en el año 2020 fueron hasta 16.000 metros cúbicos, no siendo suficientes para evitar la regresión de la playa, pero reduciendo su velocidad de regresión en los transectos centrales», señala el estudio.

Este análisis apunta que la transformación urbanística de Guadalmar se observa desde 1963 a 1977 cuando se desarrolló este suelo urbano y se crearon estructuras de protección y aumento de la playa junto a las parcelas en las que se construyeron las viviendas. En los años noventa, la actuación acometida en la desembocadura del Guadalhorce también marcó la dinámica costera de este entorno, si bien se frenó la regresión del litoral. En cambio, desde 2006 se habla de un cambio «explosivo» en el que la línea de playa no ha dejado de retroceder a pesar de los aportes de arena extraordinarios, especialmente después de temporales.

«Se estima que, si las condiciones no varían, en las predicciones a 10 y 20 años, en el tramo de costa entre la playa de San Julián y el campo de golf se producirán los mayores movimientos regresivos», pronostica el estudio, que no descarta que «la línea de costa podría alcanzar las viviendas de la primera línea del frente de la playa de Guadalmar».

De igual modo, Costas ha iniciado el expediente para declarar en situación de regresión grave el tramo de litoral adyacente a la desembocadura del río Vélez. En este caso, el estudio realizado estima que la línea del agua del mar avanzará hasta 2030 y 2070 alcanzando algunas de las construcciones existentes en el extremo occidental del núcleo de Torre del Mar, donde existe un alojamiento turístico y negocios de hostelería, entre otros usos.

¿Qué efectos tiene esta declaración de regresión grave del litoral? El Reglamento de Costas señala que, en estos casos, «no podrá otorgarse ningún nuevo título de ocupación del dominio público marítimo-terrestre», salvo algunas excepciones para servicios públicos, y solo por un periodo máximo de cinco años, renovables. Este precepto podría condicionar la ejecución del parque proyectado por la Junta en los suelos de Arraijanal, actuación que, aunque tenga un carácter ambiental y sea ejecutada por una administración pública, necesita de los permisos de Costas para su ejecución.

«Las construcciones amparadas por un derecho de ocupación, existentes en los terrenos declarados en situación de regresión grave, se mantendrán, siempre que el mar no les alcance o exista riesgo cierto de que lo haga», añade la normativa de Costas, que remarca que «en caso contrario, el derecho de ocupación se extinguirá». Así, se abre la incógnita de si podrán permanecer en estos ámbitos las construcciones para la que existe un «riesgo cierto» de verse invadidas por el mar.

Asimismo, el Reglamento de Costas señala que en los terrenos que sean declarados en situación de regresión grave, «la Administración General del Estado podrá realizar actuaciones de protección, conservación o restauración», para revertir esta situación. «En este caso podrá imponer contribuciones especiales», añade la normativa. ¿Qué serían esas contribuciones? La normativa del Gobierno señala que serían una especie de impuestos que tendrían que pagar de su bolsillo aquellas personas físicas o jurídicas que se beneficien de un modo de directo de las obras que se hagan para la protección, defensa y mejora del litoral o de sus terrenos colindantes, incluidos los propietarios de fincas que experimenten una subida de valor a raíz de esas obras.

La cuantía de esa recaudación especial se fijaría en un real decreto y no podría exceder el 50% del coste total de las obra programadas. Costas repartirá el cobro de ese tributo económico entre los beneficiarios de las obras en función de varios criterios, como son la superficie de las concesiones y fincas colindantes beneficiadas, el plazo que reste para la extinción de los derechos de ocupación que existan en la zona, y «los que determine el real decreto por el que se acuerde la contribución especial en atención a las circunstancias particulares que concurran en la obra».

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