«Estamos en un Estado de Derecho, y la seguridad jurídica del Estado de Derecho nos respalda y asegura que lo que se está poniendo en marcha y ha sido objeto del concurso en la zona de Repsol responde exactamente a lo previsto en el ... Plan General». Así de contundente se ha mostrado hoy el alcalde, Francisco de la Torre, a preguntas de este periódico sobre las dudas que han mostrado los promotores interesados en hacerse con los terrenos junto a la avenida Juan XXIII, donde se han previsto tres torres y otros dos edificios de menor altura para oficinas.
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«En ese marco de Seguridad Jurídica tengo una gran tranquilidad de que todo va a ir avanzando. Me consta el interés de las empresas de ir al concurso, y por tanto creo que el hecho de que se haya presentado esta acción (un recurso contencioso-administrativo) por parte de la plataforma Bosque Urbano para nada puede afectar a ese concurso y a ese desarrollo», añade.
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De la Torre explica que una parte de la edificación, de 440 viviendas de VPO, son aprovechamientos que han servido para pagar a los propietarios de Arraijanal para hacer 500.000 metros cuadrados de zonas verdes, que tiene que hacer la Junta con fondos europeos. La puesta a disposición que la Junta obligó a hacer en 2011, retrasó dos años el Plan General. «Esa adquisición se pagó con estos aprovechamientos, luego hay una serie de elementos concatenados, positivos desde el punto de vista ambiental, porque Arraijanal sale porque esto sale; son razones de defensa de lo que el Plan General contiene».
«Estamos haciendo lo que el PGOU pone en marcha, no se puede dejar de hacer y crear unas expectativas de inseguridad jurídica, también para la Sareb (entidad financiera público-privada de la administración central) que es propietaria de gran parte del suelo», insiste el regidor. «Por tanto, tengo una gran seguridad de que la acción planteada desde la plataforma Bosque Urbano no puede avanzar, y los concursantes también tienen esa seguridad, mis palabras son de confianza, de tranquilidad porque la seguridad jurídica del Estado de Derecho nos ampara».
El concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, se limita a informar de que la mesa de contratación se celebrará la semana que viene, y ahí se leerán las respuestas que cada uno de los licitadores ha enviado, respecto a la situación que se ha creado con el contencioso-administrativo. «No tengo nada que decir hasta que lo vean los responsables jurídicos de la mesa, que son los que abrirán las cartas».
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Por otra parte, el alcalde subraya lo positivo que será para la ciudad tener 80.000 metros cuadrados de zonas verdes libres, junto a un desarrollo de edificaciones modernas, «con un sentido muy ambiental, en cuanto a poder tener unos 40.000 metros cuadrados de oficinas que van a permitir un ahorro enorme en la emisión de CO2, en comparación a tener que ir a las oficinas en el PTA». A ello, añade que hay muchas empresas interesadas en instalarse en Málaga, y en ese punto puedan encontrar espacio para oficinas, que ahora no hay.
Por último, lo considera «una oportunidad magnífica de reforzar esos dos distritos, Carretera de Cádiz y Cruz del Humilladero, así como potenciar el desarrollo del polígono de San Rafael y llegar también hasta el recinto ferial, que es un espacio que algún día deberá estar más utilizado, no sólo en el sentido de feria sino compatible con otras actividades».
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