El acta como negocio

El movimiento de un solo concejal puede hacer tambalear toda una institución. Incluso dos en el caso de Málaga, donde los acuerdos firmados entre el PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento y la Diputación penden de un hilo tras la salida de Juan Cassá de la formación naranja. Curándose en salud, los populares atornillaron el apoyo del edil no adscrito al nombrarlo portavoz del equipo de gobierno en la administración provincial y responsable de Relaciones Institucionales, un cargo más simbólico que práctico que lo convierte sin embargo en uno de los políticos mejor pagados de Andalucía, con un salario de 73.422 euros brutos anuales a los que hay que sumar sus ingresos por asistencia a comisiones y plenos municipales. La formación que preside Elías Bendodo cosía así la brecha abierta en el Consistorio, donde la marcha de Cassá ha dejado en minoría al alcalde Francisco de la Torre, y espantaba el fantasma de una posible moción de censura. Pero la estrategia ha sido interpretada como un pulso por la cúpula nacional de Ciudadanos, que apela a la regeneración política para exigir la revocación del nombramiento de su exconcejal.

El 'ascenso' de Cassá en plena crisis sanitaria y económica no responde a su trabajo como edil o diputado, sino a su propia ambición y al interés del PP por mantener la Alcaldía. Son precisamente estos gestos los que han perforado el crédito político durante años, hasta alcanzar preocupantes cotas de desconfianza basada en la percepción general de que todo vale para acceder al poder o mantenerse. Algo similar ocurrió en Torremolinos hace un año, cuando el socialista José Ortiz pactó su investidura con la número dos de Vox, Lucía Cuín, y su histórico enemigo Pedro Fernández Montes, líder de Por Mi Pueblo, para impedir que la candidata del PP, Margarita del Cid, se convirtiese en la primera alcaldesa de la ciudad. Cuín cobra ahora 46.500 euros brutos al año y cuenta con una asesora, reconocida amiga suya, pese a que al ley lo impide por su condición de no adscrita, circunstancia que el PSOE ha salvado asociando el cargo a Alcaldía.

Los casos de Cassá y Cuín, aunque diferentes, presentan paralelismos; el principal es que ambos cobran más de lo que ganarían en caso de haber permanecido en sus grupos políticos de procedencia. Han entendido que el acta les pertenece a ellos y no a las formaciones por las que se presentaron, pese a que el sistema electoral funciona mediante listas cerradas. La coincidencia de que ambos hayan usado sus actas para mejorar sus condiciones económicas esta legislatura, Cassá amparado por el PP en Málaga y Cuín protegida por el PSOE en Torremolinos, pone además en evidencia la doble vara de medir de los partidos, que permiten estas prácticas o las critican en función de si les benefician o no, y vuelve a abrir el eterno debate sobre cómo combatir el transfuguismo.

El caso de Cassá resulta doblemente peculiar porque ha abandonado Ciudadanos pero por ahora no ha variado el sentido de su voto. Lejos de pisar el acelerador para cambiar el rumbo político de las administraciones en las que participa, la única ficha que ha movido tenía como objetivo la obtención de un cargo y la mejoría de sus condiciones económicas. El acuerdo nacional sobre transfuguismo firmado en 2006 especifica que «se entiende por tránsfugas a los representantes locales que, traicionando a sus compañeros de lista o grupo, o apartándose del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones que los han presentado, pactan con fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen imposible dicha mayoría». En Torremolinos, el trasvase de Cuín a la bancada no adscrita se produjo antes del pleno de investidura, pero como concejala de Vox, en caso de seguir las directrices del partido, nunca hubiera apoyado un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. Cuín permanece en la oposición, aunque hasta ahora siempre ha allanado con su voto el camino del Ejecutivo local. En octubre, el edil de Ciudadanos Nicolás de Miguel anunció su marcha de la formación por entonces presidida por Albert Rivera y se unió al Gobierno de Ortiz. Es el caso más evidente, porque su movimiento sirvió para reforzar la mayoría del PSOE y evitar un cambio de gobierno mediante la moción de censura que el PP cocinaba con Ciudadanos, Vox y la representante de Por Mi Pueblo.

El desconocimiento que suelen mostrar los partidos en Madrid sobre la actualidad local, a menudo ajena a los entresijos autonómicos y nacionales, constituye otra variable de la ecuación. El empeño de Inés Arrimadas por condicionar las negociaciones en Málaga, bajo la que subyace el distanciamiento que mantiene con la dirección andaluza de su partido, es un ejemplo reciente. Ciudadanos pretende obviar que, con la salida de Cassá, ha perdido el privilegio de sumar mayoría absoluta, en este caso junto al PP. El partido naranja debería analizar las razones de la fuga de concejales que ha sufrido en los últimos años. Del mismo modo, resulta difícil de explicar que los populares defiendan las prebendas al exconcejal naranja en Málaga y, a unos pocos kilómetros, en Torremolinos, critiquen el sueldo de Cuín. En el PSOE, como era previsible, el argumentario desplegado responde a intereses opuestos: callan ante los favores concedidos por Ortiz a la exedil de Vox pero se rebelan contra el nombramiento de Cassá. La contradicción ilustra que la figura de los no adscritos sólo molesta a los grandes partidos cuando contravienen sus intereses.

Los de Málaga y Torremolinos no son los únicos casos. En Alcaucín, la concejala Sara Matés abandonó Ciudadanos para evitar una moción de censura contra el PSOE que ella misma había firmado días antes. Fue recompensada con las delegaciones que había perdido. También en Benalmádena saben lo que es gobernar con ediles no adscritos; sucedió la legislatura pasada, cuando el socialista Víctor Navas apoyó su mandato en tres exconcejales de Ciudadanos a los que asignó sueldos de gobierno pese a que estaban en la oposición. Entraron en el Ejecutivo después de que el partido naranja los expulsara. Las siguientes elecciones, en 2019, demostraron la factura que suelen pasar estos movimientos: el partido por el que se presentaron no obtuvo ni un representante.