Iván Gelibter
Lunes, 5 de junio 2017, 00:56
Después de que la Justicia haya declarado ilegales partes del impuesto sobre las plusvalías lo que supondrá una merma en las arcas de los ayuntamientos de la provincia, Fuengirola, y posteriormente Mijas, parecen haber encontrado un camino para obtener más ingresos a través de nuevas ordenanzas por ocupar el espacio público a las grandes compañías de electricidad, agua, gas e hidrocarburos.
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Durante el pasado pleno municipal de Fuengirola, el portavoz de Ciudadanos, Javier Toro, presentó una propuesta basada en el artículo 24.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Actualmente, el Ayuntamiento de Fuengirola, en su actual Ordenanza Reguladora de la tasa por ocupación del suelo y subsuelo y vuelo de terrenos de uso público local, grava como la mayor parte de consistorios una de las posibilidades que recoge esta ley, la que establece el citado artículo en el apartado c: el 1,5% de la facturación que se obtengan anualmente en cada término municipal.
A finales de 2016, el Tribunal Supremo dio la razón, después de varios años de litigios, a 14 municipios españoles que quisieron cobrar unas tasas que las compañías energéticas se negaron a pagar. De esta manera, las ordenanzas ya han sido puestas en marcha por ayuntamientos como Arteixo, en A Coruña; o Serradilla y Villalcampo, en Zamora, que tras ser impugnadas, el TS falló a su favor el pasado 21 de diciembre, creando jurisprudencia, la legalidad y compatibilidad de la tasa. Por su parte, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que realizó un informe a principios de año sobre esta cuestión, avala la legalidad de ambas tasas y anima a los municipios a realizar esta nueva ordenanza para gravar a las compañías energéticas, recomendando realizar un informe técnico-económico para el desarrollo de la ordenanza fiscal. El portavoz de Cs en Fuengirola, Javier Toro, que ha puesto esta cuestión encima de la mesa, animó estos pasados días al resto de municipios de la provincia a que modifiquen sus reglamentos para poder aspirar a ingresos extra. Una iniciativa que llega en el mejor momento posible para las entidades locales, que tendrán que hacer enormes desembolsos a causa de las plusvalías.
Sin embargo, dentro de este mismo artículo, pero en el apartado a, la ley establece que las entidades locales podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local; en concreto los tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluido los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y otros análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio público local o vuelen sobre ello. «A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de los terrenos», añade el artículo.
Cantidades millonarias
Toro, que se preguntó cómo era posible que esta tasa no se estuviera cobrando ya, ha tomado como referencia Arteixo uno de los municipios que ya contempla esta ordenanza para calcular cuánto podría suponer para Fuengirola en términos económicos esta acción. Siguiendo la fórmula prevista por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y corroborada por un informe del secretario municipal, solo en lo referente a las torretas de electricidad, las arcas municipales recibirían unos 80.000 euros anuales. Fuentes consultadas señalan que, si se suma el resto de elementos (gas, agua, hidrocarburos), esta cifra ascendería a unos 200.000 euros.
Aún así, este cálculo está realizado en base al valor catastral del suelo de Arteixo. Teniendo en cuenta el precio del mismo en Fuengirola, esta cantidad podría ser sensiblemente mayor.
«Siguiendo la advertencia de la FEMP, del posible coste del informe y la impugnación judicial de la ordenanza, en nuestra moción hemos sido prudentes y pese a tener casi realizada la ordenanza, se ha solicitado que se evalúen los informes con anterioridad», señaló el portavoz de Ciudadanos. Pese a enmendar el PP esta moción y votarla en contra, el propio Toro explicó a SUR que el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha un estudio para ver de qué manera se puede establecer la ordenanza. «El equipo de gobierno está de acuerdo y estamos seguro que saldrá adelante», añadió.
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Unos días después de hacer pública esta cuestión, el municipio vecino de Mijas gobernado por sus compañeros de partido de Cs han cogido el testigo, y llevarán esta propuesta, previsiblemente, al próximo pleno. Además, dado el tamaño de la localidad mijeña diez veces más que Fuengirola, el establecimiento de estas tasas podría significar para la localidad unos ingresos de 2 millones de euros al año. «Como responsables públicos no solo tenemos que velar porque los ciudadanos paguen menos, sino en cómo hacer para ingresar más. Y si la ley permite gravar a las multinacionales, es nuestra obligación hacerlo», sentenció Toro.
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