Jesús Hinojosa
Lunes, 29 de mayo 2017, 12:50
El grupo municipal Málaga Ahora se exime de toda culpa y considera que el auto judicial que ha paralizado de forma cautelar la contratación de un nuevo servicio de mantenimiento para las zonas verdes de la ciudad, a raíz de un recurso presentado por esta formación política, no impide abrir a los ciudadanos el parque en el campamento Benítez, una vez que esté acondicionado provisionalmente. En cambio, el equipo de gobierno asegura que ello no será posible tras esta decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Málaga, ya que no pueden adjudicarse nuevas zonas verdes (como es el caso del Benítez) a la actual contrata, que sigue prestando el servicio mediante un acuerdo especial con el Consistorio, una vez que ya ha finalizado la prórroga establecida.
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La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha destacado que lo primero que tiene que pasar es que el parque esté listo, cosa que todavía no ha sucedido, y ha apuntado que el mantenimiento del Benítez podría llevarse a cabo a través de otras fórmulas. Igual se podría encargar a Limasa o a otro contrato de mantenimiento, siempre que esté listo el parque, ha señalado.
Por otro lado, Torralbo ha asegurado que existen indicios de que el pliego de condiciones de la nueva contrata para el mantenimiento de las zonas verdes estaba hecho a medida de determinadas empresas que finalmente han sido adjudicatarias de algunos de los cinco lotes en que estaba dividido. La adjudicación de estos lotes ya está tramitada pero los contratos no se han llegado a firmar porque dos de las empresas que se presentaron al concurso recurrieron. En cualquier caso, el auto judicial paraliza por ahora todo el procedimiento de contratación.
Oliver Roales, abogado del grupo en este caso, ha llegado a afirmar que el concurso estaba hecho para beneficiar a determinadas empresas y ha apuntado que es complicado que un juzgado decrete la paralización de un concurso público de este tipo. Málaga Ahora apuntó en su recurso posibles irregularidades en cuanto a precios, porcentajes de IVA y mantenimiento de zonas que corresponden a las entidades urbanísticas de conservación. Asimismo, denuncia que la nueva contrata supone un expediente de regulación de empleo encubierto ya que obliga a subrogar a la plantilla actual para unos servicios que son menores de los que actualmente se prestan.
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