Las opciones de una Limasa pública se alejan por las trabas del Gobierno a municipalizar servicios

málaga. Por si fueran pocas las dudas que planean sobre el futuro de Limasa, cuya concesión está prorrogada de forma indefinida desde el pasado 17 de abril a la espera de que el equipo de gobierno del PP salve sus discrepancias internas y decida si municipaliza el servicio o lo deja íntegramente en manos privados, ahora es el Ejecutivo central el que añade un punto más de complejidad al asunto que podría enterrar casi de forma definitiva las opciones de una gestión pública, una idea que defienden los grupos de izquierdas y que, desmarcándose del sentir mayoritario de su propio partido, también ve con buenos ojos Francisco de la Torre, quien se vio obligado el pasado enero a echar el freno para tratar de atajar la rebelión interna. A través del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, aprobado por el Consejo de Ministros el 31 de marzo y pactado entre el PP y Ciudadanos, el Gobierno de Mariano Rajoy impone una serie de trabas al rescate de servicios privatizados al impedir que las administraciones puedan absorber a las plantillas de las contratas.

La disposición adicional 27.ª del citado texto establece que en cuanto entre en vigor la Ley (los trámites parlamentarios para su aprobación acaban de empezar, por lo que no será antes de junio), con una «vigencia indefinida» las administraciones no podrán considerar como empleados públicos a los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o servicios públicos cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, rescate o cualquier otra circunstancia. Esta restricción también afecta al personal laboral que preste servicios en sociedades mercantiles públicas, fundaciones, consorcios o entidades que vayan a integrarse en una administración pública.

Excepciones

La única excepción que se contempla es para aquellos supuestos que conlleven el cumplimiento de una sentencia judicial o previa tramitación de un procedimiento de acceso que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, pero en ambos casos las incorporaciones que se puedan producir se contabilizarían como personal de nuevo ingreso con cargo a la tasa de reposición de efectivos. En el caso del Ayuntamiento de Málaga, este cómputo de puestos vacantes que se podrán cubrir este año por jubilación, fallecimiento o excedencia apenas suman 35 plazas (18 policías locales, cinco conserjes de grupo escolar, tres diplomados en trabajo social, un fagot para la banda municipal de música, un técnico de grado medio para bibliotecas, tres técnicos de administración general, tres ordenanzas-subalternos y un técnico superior veterinario).

¿En qué situación quedarían los 1.714 empleados que conforman la plantilla fija de Limasa? Ésa es la preguntan que también se hacen en el equipo de gobierno municipal y que, a día de hoy, no saben o no se atreven a responder. De momento, el único documento oficial sobre cómo sería una hipotética incorporación de los trabajadores de Limasa al sector público fue el emitido en septiembre del año pasado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se avalaba la subrogación de la plantilla como personal indefinido, pero sin tener la condición de empleado público.

En la respuesta enviada por la Dirección General de la Función Pública a la pregunta formulada por el Ayuntamiento, el órgano estatal determinó que en el supuesto de que la gestión del servicio de limpieza y recogida de residuos se realizara de forma directa a través de una nueva sociedad mercantil, ésta no formaría parte de la Administración, «por lo que los trabajadores que presten servicio en la misma en ningún caso tendrían la condición de empleados públicos», aunque sí que sus condiciones laborales deberían estar sujetas al Estatuto de los Trabajadores en cuestiones como el sistema de acceso, la jornada laboral o las subidas salariales. Según este órgano, la única fórmula para que la plantilla de la nueva Limasa tuvieran la condición de personal laboral del Ayuntamiento sería mediante la convocatoria pública de empleo a través de una oposición libre en la que se garanticen los citados principios de igualdad, mérito y capacidad.

Nuevas consultas

Cuestionado por este asunto, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, reconoce las dudas que genera el proyecto de Ley de Presupuestos. «Habrá que consultarlo a Madrid. Con el anterior documento se daba por hecho que se podía subrogar a la plantilla, pero ahora parece que es más complicado», apunta el edil, quien pone como ejemplo el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Podemos y que ha renunciado a su idea de remunicipalizar la recogida en la basura porque con las limitaciones para asumir al personal que pesan sobre las administraciones públicas no se podría garantizar la continuidad de toda la plantilla.

Mientras tanto, el equipo de gobierno sigue sin contratar los servicios de dos consultoras externas a las que, según anunció el pasado marzo, se va a recurrir para tratar de resolver las dudas «jurídicas y económicas» sobre cómo sería la incorporación de la plantilla al holding municipal.