Cubrir el déficit de Limasa le costó a la ciudad otros 15,3 millones en 2016

El futuro modelo de gestión de Limasa una vez que expire la concesión actual (ha sido prorrogada sine die a partir del próximo 17 de abril) sigue siendo una incógnita a la espera de que el equipo de gobierno se decida por la privatización o la municipalización, pero lo que no genera ningún tipo de duda es lo caro que le acaba saliendo la empresa al Ayuntamiento no solo como cliente, sino también en su condición de accionista del 49% de la compañía. Las cuentas anuales del pasado ejercicio, que serán aprobadas por el consejo de administración el próximo lunes, reflejan que al margen de los 69,7 millones de euros facturados por la limpieza viaria, recogida de residuos y su posterior tratamiento, las arcas municipales han tenido que aportar 15,3 millones de euros para restablecer el equilibrio financiero. Esta cuantía eleva hasta los 91,1 millones el dinero de más que ha tenido que poner el Consistorio desde 2004, año en el que se firmó un acuerdo en el que a cambio de asumir la gestión del servicio y de personal, se obligaba también a garantizar no sólo que la empresa siempre cierre en positivo, sino que lo haga con un beneficio del 2%.

Este montante extra procede de la aportación adicional que cada ejercicio tiene que abonar la ciudad para compensar a los socios privados (FCC y Urbaser son los mayoritarios, y con una menor participación Sando y Unicaja) por nuevos trabajos encomendados y por las subidas salariales por encima del IPC que en época de bonanza fue aprobando el gobierno de Francisco de la Torre para evitar conflictos laborales. Si en 2015 fueron 9,7 millones y en 2014, otros 8,5; la cuantía se disparó en 2016 hasta los 15,3 millones, pero tiene una explicación. Este desembolso siempre se ha realizado a año vencido, puesto que a 31 de diciembre no se puede cerrar la facturación, por lo que computaban dentro del presupuesto municipal del ejercicio siguiente para la prestación del servicio. La diferencia ahora es que ante la próxima liquidación de la sociedad ya no hay forma de postergar este pago, lo que obligó al Ayuntamiento a consignar una nueva partida para hacer frente a estas obligaciones.

Con estos pagos se consigue que las cuentas de Limasa sigan cuadrando, ya que los únicos ingresos que genera al margen de la factura que le cobra al Ayuntamiento proceden de la venta de material reciclado, que en 2016 le permitieron embolsarse 4,7 millones (5,1 en 2015).

El balance final arroja un beneficio de 1,5 millones, aunque por quinto año consecutivo no habrá reparto de dividendos después de que los privados hayan aceptado renunciar a los 750.000 euros que le corresponden. Lo que no perdonan es el polémico canon de asistencia técnica, un concepto que bajo el paraguas de asesoramiento jurídico, informático y legal le reporta cada año el 2,5% de la facturación. En 2016 se embolsaron por este capítulo 2,1 millones, que se suman a los 26,6 que se llevan abonados desde el inicio de la concesión en abril de 2001 y que, como quedó de manifiesto en la comisión de investigación, la empresa no especifica los servicios prestados.

Por otra parte, la memoria anual de la compañía también refleja el segundo incremento consecutivo del gasto de personal que entre nóminas y seguros sociales supuso un desembolso de 64,3 millones (61,6 en 2015), que se explican por el incremento de las contrataciones temporales y por los acuerdos económicos que pusieron fin a la huelga de hace un año. A 31 de diciembre de 2016, la plantilla de Limasa ascendía a 1.822 trabajadores, la cifra más alta de su historia. En cuanto a la remuneración de los 15 miembros del comité de dirección, en su conjunto sumaron 1.026.990,33 euros (997.926,52 en 2015).