Iván Gelibter
Martes, 21 de marzo 2017, 15:08
La polémica en una clínica del entorno del Soho, lejos de acabarse, entra ahora en una nueva fase: la política. El concejal de Izquierda Unida en el grupo municipal de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha reclamado hoy públicamente que las autoridades hagan uso de sus competencias para acabar con el "acoso y las agresiones verbales" que a su juicio sufren trabajadores y mujeres que acuden a las clínicas donde se practica la interrupción voluntaria del embarazo. El también portavoz de este grupo político ha participado esta mañana en un acto de apoyo a una de estas clínicas, que por su acceso directo desde la calle es la que más sufre dicho acoso. Junto a él han estado el propietario de la misma, vecinas y miembros de la asociación Movimiento Democrático de Mujeres (MDM) .
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Según ha explicado Alberto Stolzenburg, propietario de la clínica del mismo nombre, estos hechos se llevan produciendo desde hace años y desde 2014 se recrudeció. Se han interpuesto cuatro denuncias judiciales -SUR se ha hecho eco de algunas de ellas- y se ha pedido apoyo al Ayuntamiento dado que estos grupos intolerantes abordan a las mujeres que entran a la clínica e intentan convencerlas para que no aborten, entregándole panfletos "e incluso llamándolas asesinas", según el facultativo. Tal como afirma el propietario del establecimiento, que mantiene un convenio con la Junta de Andalucía para prestar servicios, asegura que han llegado a compararlas con los autores de los campos de exterminio nazi. Stolzenburg está convencido de que si el acoso diario se produjera en la entrada de un centro religioso y los fieles que acuden al mismo fueran interceptados como hacen con las mujeres que van a esta clínica, "las autoridades ya habrían tomado cartas en el asunto", y ha reclamado que no haya diferencia entre el derecho a expresarse libremente y el de las personas a ejercer su derecho a interrumpir su embarazo.
Málaga para la Gente también pide al Ayuntamiento de Málaga que actúe dentro de sus competencias para evitar esta situación y que a través del cuerpo de policía se determine la autoría de las coacciones y acosos que sufren las usuarias al objeto de ponerles fin y exigir las responsabilidades que procedan. Zorrilla ha llamado "integristas" a los grupos de acosadores y recuerda que las mujeres están actuando conforme a la ley; los que no está amparado por la ley es la actitud de estos fundamentalistas que están extorsionando, tomando fotos a mujeres, que, además de pasar el mal trago de interrumpir embarazo, tienen que aguantarlos. El edil ha recordado que la Policía no interviene aduciendo que están ejerciendo su libertad de expresión, "lo que no es cierto, por lo que entiende que las administraciones deben tomar cartas en el asunto", ha sentenciado.
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