Modernizar Limasa le costará al Ayuntamiento cien millones de euros

A poco más de un mes de que expiren los 16 años de concesión del servicio de limpieza y recogida de basuras en Málaga, la única certeza a día de hoy es que el contrato de Limasa será prorrogado el 18 de abril de forma indefinida hasta que se ponga en marcha el nuevo modelo de gestión, un procedimiento que prácticamente se comerá todo lo que queda de año independientemente de que se opte por la municipalización o por dejarlo íntegramente en manos privadas. Una decisión que de momento continúa en el aire y que se sigue dilatando por las discrepancias surgidas en el propio equipo de gobierno del PP y que desembocaron a finales de enero en la mayor crisis interna a la que se ha enfrentado Francisco de la Torre tras cerrar un principio de acuerdo con los sindicatos para municipalizar Limasa.

Para tratar de atajar esta rebelión, escenificada apenas un mes después de que el alcalde anunciara su retirada cuando concluya el mandato en 2019, a De la Torre no le quedó otra que echar el freno. Al margen de los recelos sobre la conflictividad laboral de la plantilla y los mecanismos de control para garantizar un servicio de calidad, la tercera pata está en el montante económico de una u otra vía. De ahí que se encargaran nuevos informes en los que se cuantifique hasta el último céntimo cuánto costaría el servicio con una gestión pública y cuánto con una privada. En materia de personal, la municipalización resultaría más beneficiosa al ahorrarse unos seis millones anuales del IVA por la mano de obra, pero las dudas surgen a la hora de afrontar los cerca de cien millones necesarios para modernizar el servicio, destacando los aproximadamente 50 millones que costarían renovar la mayor parte del parque móvil, compuesto por medio millar de vehículos entre camiones de recogida, barredoras mecánicas, fregadoras y furgonetas que tienen una edad media de 15 años.

Inversiones

A esta partida se sumarían otros diez millones para la sustitución de los 11.000 contenedores que hay repartidos por la ciudad entre fracción resto, papel y envases (los verdes los gestiona Ecovidrio), así como la adquisición de un quinto recipiente sólo para restos orgánicos, que ya funcionan en otras ciudades y que será obligatorio a partir de 2019. El capítulo de inversiones se completaría con la creación de puntos limpios en la zonas norte y este; la implantación de un centro de trabajo en El Palo, la mejora de la planta de tratamiento y el cambio de todas las papeleras.

Ya sea una gestión directa o externalizada, el desembolso será asumido por las arcas públicas, pero a la hora de financiarlo sí que surgen diferencias. En caso de privatización, el endeudamiento lo asumiría la empresa concesionaria y el Ayuntamiento iría amortizándolo durante los años de vigencia del contrato, que en principio se baraja que no sean más de ocho. En cambio, con un sistema público sería el Consistorio el que tendría que afrontar directamente la inversión, que tendría que acometerse de forma progresiva en función de la disponibilidad presupuestaria y su capacidad de endeudamiento. A esta cuestión se suma otra que, según los defensores de la privatización reduciría a apenas un 3% el ahorro de un modelo municipal; y es que el precio de adquisición de maquinaria suele salir en torno a un 20% más barato si lo hacen empresas especializadas al tener acuerdos con fabricantes para la compra de grandes lotes de vehículos al año para las distintas ciudades en las que operan.

Para analizar los pros y los contras de ambas opciones, los técnicos municipales llevan trabajando desde hace un mes en un minucioso informe en el que incluso se está pidiendo presupuesto a fabricantes de vehículos y maquinaria, así como a suministradores de contenedores. «La inversión es una cuestión fundamental a la hora de tomar una decisión, porque si eres público el problema es que hay que pagarlo a pulmón, mientras que si eres privado se podría abonar anualmente», apunta el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, más proclive a privatizar al menos la limpieza viaria y que ya advirtió que dejaría el Área en caso de municipalización.

A la espera de que concluyan esos estudios y sean expuestos a todos los concejales del PP, el equipo de gobierno está ultimando los trámites para aprobar en Junta de Gobierno Local la prórroga de la concesión actual. Un paso que también se ha retrasado más de lo previsto y que está pendiente del visto bueno de Intervención y de la asesoría jurídica. Además, también se ha postergado ante la necesidad de modificar los términos del contrato vigente, puesto en el mismo queda estipulado que para ejercer la opción de prórroga se debía notificar con al menos un año de antelación. En cualquier caso, se trata de un mero trámite porque ya se ha acordado con los socios privados (FCC y Urbaser como mayoritarios, además de Sando y Unicaja) extender la concesión sine die hasta que entre en servicio el nuevo modelo de gestión.