El Ayuntamiento de Málaga se une a la FAMP e Iberdrola para no cortar la luz a personas con dificultades económicas

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado su adhesión al convenio de colaboración suscrito entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) e Iberdrola para la protección de aquellos clientes en Andalucía que se encuentren en situación de vulnerabilidad y no puedan hacer frente al recibo de electricidad.

Según el documento, el Ayuntamiento, a través del Área de Derechos Sociales, cuando detecte que una persona o familia se encuentra en situación de vulnerabilidad y con serias dificultades para el pago de sus facturas de electricidad determinará si se le puede conceder una prestación económica para poder satisfacer la deuda pendiente. Posteriormente lo comunicará Iberdrola. Desde el momento de recibir esta comunicación la compañía eléctrica se compromete a mantener el suministro de electricidad.

Iberdrola también se obliga a comunicar al Ayuntamiento la existencia de facturas pendientes de pago por parte de ciudadanos malagueños, para iniciar los trámites oportunos que eviten el corte del suministro eléctrico.

Por tanto, el Consistorio asumirá la deuda eléctrica de aquellos ciudadanos que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, de acuerdo con los criterios establecidos para concesión de este tipo de ayudas, "tal y como ha venido realizando en los últimos años".

El Área de Derechos Sociales destinó en el año 2016 un total de 308.365 euros en prestaciones económicas directas para atender las necesidades básicas de la ciudadanía relacionadas con el suministro de agua, luz y gas. A ello hay que sumar los 30.715 euros derivados del convenio suscrito con Endesa --de similares características al de Iberdrola-- y los 59.454 euros destinados a un convenio con Cruz Roja que también persigue evitar el corte de suministros. A todo ello hay que sumar los 50.000 euros que Emasa ha destinado a su Fondo Social.

Registro de convenios

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece una regulación pormenorizada de los convenios.

Así, ante la conveniencia de que las normas reguladoras del registro de convenios, manteniéndose en lo esencial, se adapten ahora a las previsiones de dicha Ley 40/2015 y la necesidad de arbitrar el mecanismo interno para la información a facilitar al Tribunal de Cuentas, la junta de gobierno local ha acordado modificar las vigentes normas de funcionamiento del Registro de Convenios y Protocolos del Ayuntamiento de Málaga.

Los entes pertenecientes al sector público institucional del Ayuntamiento de Málaga que aún no hubieren procedido a ello deberán crear su Registro de Convenios en el plazo máximo de un mes a contar desde ahora. El acuerdo de creación deberá contener sus normas de funcionamiento, tomando como referencia las normas de funcionamiento del Registro de Convenios y Protocolos del Ayuntamiento de Málaga a las que alude el acuerdo anterior.

Con independencia de su inserción en el Registro al que se refiere el acuerdo primero, dentro del mes siguiente a la suscripción de cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, deberá remitirse electrónicamente a la Dirección General del Área de Gobierno de Economía con la documentación preceptiva, y deberán igualmente hacerse ante cualquier modificación, prorroga o variación de plazos y cualquier otra alteración de los compromisos económicos.