De la Torre pide a sus concejales que las opiniones sobre Limasa las trasladen «internamente»

Una cosa es tener discrepancias sobre el futuro de Limasa y otra bien distinta airearlas públicamente. Francisco de la Torre ha impuesto a sus concejales la ley del silencio en todo lo concerniente al devenir del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos para tratar de frenar, al menos de puertas para fuera, la crisis interna que estalló la semana pasada en el equipo de gobierno del PP a raíz de las negociaciones que el alcalde ha mantenido por su cuenta con los sindicatos de Limasa para cerrar un principio de acuerdo para la municipalización. Un modelo de gestión que rechaza el núcleo duro del PP en el Ayuntamiento, que fue escenificado el martes por el portavoz del equipo de gobierno, Carlos Conde, y por el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, quien anunció que dejaría el Área si se municipaliza Limasa.

«Estoy encantado de que haya expresiones en libertad de los concejales externamente también, pero lógicamente lo que sí quiero es que tengamos esa forma de expresarnos y comunicarnos con una libertad internamente», afirmaba ayer De la Torre, quien también apeló a la discreción de su equipo durante la reunión que mantuvo con sus ediles la mañana del sábado en la que los técnicos municipales de Sostenibilidad Medioambiental, Economía y Personal expusieron los pros y los contras de ambos modelos de gestión. Sin llegar a decantarse públicamente a favor de la municipalización «lo que queremos es que la ciudad esté lo más limpia posible», remarcó, el regidor sí que abogó por un «sistema sostenible en el que los trabajadores estén cómodos y se sientan estimulados para trabajar lo mejor posible, y los vecinos acompañen ese esfuerzo con un comportamiento ejemplar desde un punto de vista cívico».

¿Cuál sería ese estímulo a la plantilla? Los 2.862 euros variables que estarían ligados a la productividad, según el principio de acuerdo alcanzado con el comité de empresa. Una productividad que se mediría en función de la asistencia al trabajo, la eficiencia y la calidad del servicio; y un modelo de gestión cuya continuidad estaría sujeta al grado de satisfacción ciudadana que se conocería a través de encuestas. «Mediante el sistema público hay mecanismos para poder instrumentarlo con cierta facilidad. Pero también hay argumentos de que el mecanismo privado, que está en otras ciudades, funciona también bien. Ahí está la cuestión, en acertar. Y a ello dedicaremos el tiempo necesario, que no será infinito», apuntó. En este sentido, cabe reseñar que la concesión actual expira el próximo mes de abril, aunque será prorrogado de forma indefinida hasta que se resuelva el futuro de Limasa.