Málaga no solicitará las ayudas para los planes de empleo hasta que Junta cambie el decreto

El Ayuntamiento de Málaga está a la espera de que la Junta de Andalucía modifique el decreto para los planes de empleo Joven y Empleo +30 para decidir si pedirá este año las ayudas para dar trabajo a unas 700 personas, como explicaba ayer el concejal de Economía, Carlos Conde. El Consistorio ya ha perdido cuatro demandas de beneficiarios de estos planes, que se han elevado a unos 10.000 euros de indemnización en su totalidad, ya que las sentencias les dan la razón.

De hecho, los jueces que han dirimido estas causas hacen suyo un fallo del TSJA en el que se considera que los trabajadores cuyos contratos son financiados mediante subvenciones de otras administraciones «están vinculados a su empleador por un contrato en idénticas condiciones» que el resto. O lo que viene siendo lo mismo, que los empleados por el Ayuntamiento a través de estos planes se deben acoger a los convenios laborales de los funcionarios y trabajadores municipales. Los 10.000 euros, precisamente, una cantidad que no es elevada, son para hacer frente a las diferencias entre el salario que provenía de las ayudas de la Junta y el que debía haberle provisto el Ayuntamiento al pagarles con las mismas condiciones que a sus empleados. El Ayuntamiento dice estar a la expectativa de que la Junta modifique el citado decreto de ayudas antes del 14 de febrero, para lo que incluso ha habido conversaciones entre el alcalde Francisco de la Torre y el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, como explicaba ayer Conde en la comisión municipal que trata estos asuntos. El decreto debería, como se ha aprobado dos veces en el pleno municipal, flexibilizar las condiciones de los contratados, es decir no cerrar, por ejemplo, el número de meses que deben acceder al trabajo, sino dejarlo a elección del municipio para que así, según el presupuesto de la ayuda de la Junta, los ayuntamiento puedan ajustarlos a sus convenios laborales. «El acuerdo plenario nos lo han pedido desde ayuntamientos de Marbella, Estepona, Huelva y Cádiz para aprobarlos en sus plenos», explicaba el edil de Economía, que cifraba en hasta en 14 millones de euros las futuras indemnizaciones a las que tendrían que hacer frente si los futuros demandantes de empleo llevasen el asunto a los juzgados. De hecho, otras dos demandas de trabajadores de 2015 están pendientes de resolución.

El último día para que el Ayuntamiento de Málaga se acoja a las ayudas es el próximo 14 de febrero, por lo que ayer el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, le instó a que volviera a consultar a la Junta si iba a cambiar el decreto.

Las sentencias de los magistrados son contundentes al afirmar que si la subvención otorgada por la Junta no cubre todo el salario será el empleador quien, «consciente de la insuficiencia de la subvención, habrá de decidir si procede o no a solicitarla; esto es, si está dispuesta a asumir el sobrecoste no subvencionado derivado de la aplicación de la normativa laboral».