Onda Azul lleva a la Fiscalía la compra fallida de las cámaras

El consejo de administración de Onda Azul en diciembre acordaba el despido del jefe de administración, Alejandro Briales, por la compra irregular unas cámaras y lentes a la empresa Gain&Peak, que nunca llegaron, por valor de 68.000 euros, a través de una concesión con irregularidades, como explicaba la Secretaría General del Ayuntamiento en un informe. Pero también, como se explicó en el propio consejo de administración, otros motivos del despido fueron que Briales «no aplicó el plan de ajuste municipal a su propio sueldo (aunque sí al de sus compañeros)»y «por ocultación de información a la Gerencia».

La actual gerente de la televisión municipal, Vanessa Martín Alloza, daba un paso más y llevaba ayer el asunto a la Fiscalía, tal y como le mandataron los consejeros en la citada fecha. Esta acción jurídica fue precisamente demandada por el grupo socialista y su consejero y concejal Francisco Conejo, que estima, como ya publicó esta sección, «que la anterior gerente, Fátima Salmón, ha salido indemne en esta contratación irregular y fallida». Otro de los puntos que tendrá que acometerse, según lo aprobado, será un estudio de protocolo por si Salmón debe devolver algún gasto indebido de los tickets que denunció el PSOE.

Pero volviendo a la denuncia de los hechos a la Fiscalía, cabe resaltar que la empresa Gain&Peak tampoco ha cumplido con lo estipulado, según pudo saber este periódico, en lo que se refiere a la devolución de la totalidad del dinero cobrado por unos materiales que nunca se sirvieron, y de la que la actual gerente se enteró casualmente por unos trabajadores en la propia televisión, ya que el jefe de administración no le había informado al respecto, como reseñó a los consejeros. En concreto, Gain&Peak se comprometió a terminar de devolver todo lo cobrado en noviembre, y lo cierto es que el último pago, como ha podido saber este periódico, se efectuó en octubre llegando a abonar un total de 55.000 euros, por lo que le quedaría que devolver unos 13.000 euros. Fuentes municipales indicaron que la presentación de este asunto a la Fiscalía seguramente acelerará la devolución (que se había quedado estancada), por las responsabilidades que tiene la empresa. El documento presentado a la Fiscalía por Onda Azul se basa en los informes que realizaron tanto la Secretaría General como el propio jefe de administración de la compra fallida.

En el escrito, remitido a la Fiscalía, se indica en que la adjudicación se hizo fraccionando los contratos para realizar «de forma indebida un contrato negociado sin publicidad (cuyo máximo está en 60.000 euros), y así eludir algunos de los requisitos exigidos legalmente para la contratación del sector público», así como la negociación de los precios de los materiales sin que conste en el expediente. Así se pone de manifiesto en el citado documento a la Fiscalía, una reunión a la que asistió Salmón, Briales así como otros dos jefes de la televisión, en la que Gain&Peak dijo que ofertaría precios ventajosos si le pagaban por adelantado, por lo que el adjudicatario ya era conocedor, al inicio del procedimiento de contratación de que esto sería así, circunstancia sobre la que no se hacía ninguna referencia en los pliegos de contratación, y «que afectaba de forma decisiva al cumplimiento de principio de igualdad y publicidad que debe regir en la contratación administrativa, favoreciendo de forma clara a quien finalmente fue el adjudicatario».

La propia empresa, Gain&Peak, según consta en el escrito, no cumplía con los requisitos de solvencia, y prestaba servicios ajenos a la actividad de suministro de estos equipos técnicos, ya que «no poseía la habilitación empresarial» exigible para cumplir el contrato, al contrario que el resto de las firmas licitadoras;tampoco presentó ningún aval por los pagos que le realizó Onda Azul por adelantado «circunstancias todas ellas que permiten concluir que los pagos nunca debieron de haberse efectuado», como señala el documento. Los pliegos de licitación preveían que los materiales, como indica el escrito a la Fiscalía, debían entregarse a los 30 días desde la adjudicación, y al no llegar se resolvió el contrato sin que la empresa a día de hoy haya devuelto todo el importe, lo que ha provocado un perjuicio patrimonial a Onda Azul.

Comisión de Art Natura. ¿Qué se habló en la sede del PP?

En la séptima sesión de la comisión de investigación de Art Natura, que se celebra hoy, tanto la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, como el líder de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, estiman que es importante saber qué ocurrió en la reunión que hubo la sede del PP en Madrid, en la calle Génova, en la que se gestó el fallido Museo de las Gemas, y a la que seguro asistió el exsecretario de Estado de Cultura del PP Miguel Ángel Cortés, que ha declinado en varias ocasiones su presencia en esta comisión de investigación, y en la que también participó el presidente de Royal Collections, Fulgencio Alcaraz, que fue quien dio pistas sobre este encuentro en la primera sesión, pero sin querer decir quiénes eran exactamente los participantes o los acuerdos a los que se llegaron.

Para Zorrilla, el «nudo gordiano de esta comisión» pasa por saber «qué papel ha tenido el PP como posible mediador para traer este proyecto tan catastrófico a Málaga, qué se habló en la comida de la séptima planta de la calle Génova con altos dirigentes del PP», y lamentó que en esta ocasión no se le pueda preguntar al presidente de la Diputación, Elías Bendodo (que excusó su asistencia por inaugurar una carretera en Genalguacil) por este asunto, aunque sí a Alcaraz, que tendrá otra sesión monográfica.

Sobre la incomparecencia de Bendodo, Zorrilla indicó que «pone de manifiesto, quizás, la poca importancia que le da a esta comisión» y Torralbo lo tachó «como una falta de responsabilidad» porque es un edil de este Ayuntamiento y concejal de Turismo cuando se gestó Art Natura y «cuanto menos se merece una reprimenda y una amonestación en el pleno», reseñó. Fuentes de la Diputación explicaron ayer que el presidente asistirá «siempre y cuando se lo notifiquen con 15 días de antelación por cuestiones de agenda», como consta en el escrito que remitió a la Secretaría General del Ayuntamiento.