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Francisco Jiménez
Jueves, 12 de enero 2017, 00:31
Buenas intenciones, pero pocos compromisos. Ése fue el resultado de las dos reuniones que Francisco de la Torre mantuvo ayer en Madrid con los ministros de Medio Ambiente y de Fomento, Isabel García Tejerina e Iñigo de la Serna, respectivamente, para tratar varios proyectos pendientes en la ciudad, aunque con especial incidencia el referente a la sustitución del puente de la Azucarera, la mayor obra que necesita la capital para solucionar los problemas de inundabilidad en el entorno del Guadalhorce. La creación de una nueva infraestructura de mayor amplitud que reemplace a la actual que ejerce de tapón en caso de crecida del río fue proyectada por el Estado en 2002, aunque dos años después las competencias en materia hidráulica pasaron a la Junta de Andalucía y, desde entonces, ninguna de las dos administraciones ha mostrado interés en su ejecución, valorada en unos 60 millones de euros.
El Gobierno pretende lavarse las manos porque considera que no es de su competencia; y la Junta, porque entiende que esta obra debió acometerse antes del traspaso de responsabilidades entre ambas administraciones. Además, se agarran en sus argumentos al Plan de Gestión del Riego de Inundaciones de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, entre las que se encuentra la del Guadalhorce. El documento, elaborado por la Junta pero aprobado mediante decreto por el Gobierno central hace justo un año, establece que la administración responsable de construir el nuevo puente es el Estado.
A estas discrepancias se une la reciente respuesta parlamentaria del Ejecutivo de Mariano Rajoy al PSOE en la que señala que la obra corresponde al Ayuntamiento porque es el que tiene las competencias de la antigua N-340 (ahora MA-21) desde hace tres años. Ante semejante panorama, el alcalde de Málaga no sólo ha mostrado su «total desacuerdo», sino que tras las inundaciones del pasado diciembre ya amenazó con llevar a los ejecutivos central y autonómico ante los tribunales si no ejecutan la obra. En este sentido, el regidor sí que confió ayer en que pueda alcanzarse un acuerdo entre ambas administraciones.
Mientras tanto, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), dependiente del Ministerio de Fomento, está ultimando el análisis de los comportamientos del agua y los cálculos de inundabilidad tanto del cauce como del puente para determinar el alcance de las medidas correctoras y su coste.
Abastecimiento hídrico
Por otra parte, De la Torre también aprovechó su entrevista con García Tejerina, que calificó de «muy satisfactoria», para volver a poner sobre la mesa una de las principales obras previstas para garantizar el abastecimiento de agua en la capital, pero que también quedó aparcada sine die hace una década: la construcción de un azud y una tubería que capte el caudal del río Grande (unos 20 hectómetros cúbicos anuales) a la altura de Cerro Blanco (entre Guaro y Coín) hasta la zona de la Aljaima, desde donde sería conducido hasta la planta de El Atabal. A día de hoy, este agua acaba en el Guadalhorce y, de ahí, directamente al mar. Un desperdicio que podría evitarse y que permitiría no sólo sumar nuevos aportes hídricos y reducir la dependencia de los embalses del Guadalhorce tanto para el consumo humano como agrícola, sino también reducir el riesgo de inundaciones al estar regulado el caudal del río Grande. Además del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía también se ha mostrado recientemente dispuesta a retomar la construcción de este pequeño embalse, que llegó a ser adjudicada por el Ministerio de Medio Ambiente en 2006 por 54 millones de euros, pero que fue paralizada por la oposición de alcaldes y ecologistas de la comarca.
Ya por la tarde, De la Torre se reunió con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, con el que abordó el soterramiento del tren de mercancías desde la estación María Zambrano hasta el puerto, un proyecto que el Estado se ha comprometido a reactivar este año, al menos de forma simbólica, con la realización de los estudios técnicos y de viabilidad.
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