Francisco Jiménez
Viernes, 6 de enero 2017, 00:50
Por si fuera poco el bloqueo institucional reinante en el Ayuntamiento de Málaga sobre el uso que tendrán los terrenos de Repsol, la posible contaminación de los suelos que ocuparon durante 35 años los depósitos de hidrocarburos añade aún más incertidumbre sobre el devenir de esta parcela de 177.548 metros cuadrados ubicada entre las avenidas de Europa y Juan XXIII. Aunque los terrenos ya fueron limpiados de restos o residuos derivados de la actividad anterior en 2002 tras unos trabajos que fueron verificados por la Consejería de Medio Ambiente, la normativa actual es más exigente.
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Hasta el punto de que la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía requirió el pasado mes de febrero al Ayuntamiento la presentación de un informe histórico para analizar la posible existencia de riesgos inadmisibles para la salud humana o los ecosistemas en función de los usos previstos, que según el planeamiento vigente contemplan la construcción de cuatro rascacielos para viviendas y oficinas, otros cuatro edificios de VPO, un hotel, áreas comerciales y un parque de 70.000 metros cuadrados.
A la espera de los resultados que arrojen los sondeos del subsuelo para evaluar el nivel de contaminación de los terrenos de Repsol, lo que no ha variado es el escenario político ante la incapacidad de los cinco grupos con representación en el Ayuntamiento de consensuar su uso; es decir, si se deben mantenerse las torres de viviendas, equipamientos y un parque de 70.000 metros previstos inicialmente (como pretende el PP); destinarse los 177.548 metros cuadrados de parcela de los antiguos depósitos a la creación de un gran bosque urbano en una de las zonas más masificadas de toda Europa (PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente); o adoptar una solución intermedia, que es lo que plantea Ciudadanos.
Un debate que surgió hace justo un año a raíz de una iniciativa ciudadana puesta en marcha en la plataforma digital Change.org solicitando que se liberen los suelos para crear un bosque urbano a imagen y semejanza de Central Park en Nueva York, Hyde Park en Londres o, sin salir de España, El Retiro madrileño. Este movimiento acabó dando lugar a la constitución de la Plataforma Bosque Urbano Málaga, que llegó a presentar 30.000 firmas de apoyo. Mientras tanto, en el Ayuntamiento se aprobó por unanimidad hasta en dos ocasiones la celebración de una consulta popular para dejar la decisión en manos de los malagueños, aunque el equipo de gobierno del PP acabó enterrándola amparándose en que es «inviable jurídica y económicamente».
Pese al tiempo transcurrido, no es hasta ahora cuando se realizará ese estudio. Y no lo hará el Ayuntamiento (propietario de los aprovechamientos urbanísticos de tres de los cuatro rascacielos y administración competente), sino la Sareb, que ha decidido asumirlo como poseedora de un tercio de los derechos de edificabilidad de la finca (la torre más alta, de 34 plantas). Tras un acuerdo con el equipo de gobierno municipal, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria acaba de contratar los servicios de una empresa especializada (Inerco) para que evalúe el nivel de contaminación de estos suelos. Según fuentes de la entidad, conocida como el banco malo, el Ayuntamiento ya ha sido informado y la intención es que las catas empiecen a realizarse la próxima semana.
Dada la amplitud de la finca, el estudio completo no estará antes de la próxima primavera. Cuestión aparte es qué pasará si los resultados constatan la existencia de esos riesgos, ya que obligarían al Consistorio a iniciar un proceso de declaración del suelo como contaminado y elaborar un plan para la limpieza del subsuelo y su recuperación ambiental.
Incertidumbre
Más años encima y también, más dinero, porque esos trabajos podrían costar unos dos millones de euros, según las estimaciones de la Sareb. Sobre este asunto, el director de Comunicación de la entidad, Francisco González, ya dejó entrever en una visita a Málaga el pasado mes de octubre que una cosa es financiar el estudio (unos cien mil euros) y otra la bien distinta la descontaminación de los terrenos. «Nosotros adquirimos el suelo así, y no fuimos causantes de la contaminación», advirtió.
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Sobre este asunto también fue cuestionado el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, en la comisión plenaria de diciembre, aunque tampoco aventuró quién asumiría este hipotético desembolso. «Hay un acuerdo con la Sareb, como promotor, para que se encarguen del estudio para determinar si procede o no la descontaminación. Cuando estén esos informes se remitirán a la Junta de Andalucía, y entonces se verá», afirmó a preguntas del grupo municipal Málaga Ahora, formación que ha realizado su propio testeo sobre el terreno «que apuntan a una posible contaminación».
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