Juan Cano
Viernes, 6 de enero 2017, 00:49
Además del extenso respaso a la situación de los CIE, la juez Belén Barranco pone un listado de deberes larguísimo (una decena de puntos que resumen las «deficiencias» que ella observó) a los directores de ambos centros. No son recomendaciones. La magistrada da órdenes directas a los responsables del Ministerio del Interior, aunque no dice qué castigo tendrán si no siguen sus disposiciones.
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La magistrada recuerda que España firmó el Convenio de Derechos Humanos en 1979 y que esta norma, «que debido a su carácter de tratado internacional se sitúa por encima de cualquier ley orgánica interna», en su artículo 5 reconoce el «derecho a la dignidad» de la persona. La jueza hace especial hincapié en que Interior, de inmediato, tiene que acabar con el ambiente carcelario que se respira en estos dos centros y, sobre todo, permitir la relación «directa e íntima» con los internos allí recluidos.
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