«Lo que no puede haber es un trato discriminatorio en las mismas circunstancias»

En diciembre, los días 3 y 13, desembarcaron en Málaga un total de 102 inmigrantes tras ser interceptados en sendas pateras. En enero, los días 1 y 3, han llegado al puerto de la capital otros 104 que viajaban en dos embarcaciones. Los primeros, salvo los menores y una mujer herida, ingresaron en centros de internamiento para extranjeros (CIE). Los segundos, por el contrario, han sido puestos en libertad por la policía y entregados a ONGs. Esta noche, han dormido en un hostal.

Las dos situaciones son similares y equiparables unos y otros son subsaharianos y no tienen papeles, salvo que esta vez se ha producido una oleada de pateras en el litoral andaluz que ha sorprendido al Gobierno con los CIES colapsados. Pero los inmigrantes han corrido muy distinta suerte. Cualquiera puede apreciar la diferencia entre acabar retenido 60 días en un CIE o quedar en libertad, contando además con la ayuda de una ONG en el alojamiento y la manutención. «Al margen de la discusión que existe en la sociedad sobre la conveniencia o no de los CIE, lo que no puede existir desde el punto de vista jurídico es un trato discriminatorio cuando se dan las mismas circunstancias», sentencia el diputado del turno de oficio del Colegio de Abogados, Guillermo Jiménez, que es el responsable, junto a su equipo, de que todos los inmigrantes que llegan a Málaga sean asistidos de forma gratuita por un letrado. «Para la ciudadanía, sería muy difícil de entender, salvando las evidentes distancias, que por no haber plaza en una prisión se deje en libertad a un condenado».

El representante de los abogados del turno de oficio que asisten a los inmigrantes aclara el trámite habitual que se sigue con las pateras: «Lo normal es que, una vez son asistidos en comisaría, se les abre un expediente de devolución y, antes de 72 horas, la policía pide al juez su ingreso en un CIE. El internamiento es para preparar la documentación necesaria para su devolución y confirmar su identidad. Siempre se hace así, salvo que acredite algún tipo de arraigo familiar en España o porque se sepa de antemano que no se le va a poder expulsar».

En esta ocasión, como aseguran las fuentes consultadas por SUR, no se ha solicitado el internamiento al juez porque, si éste lo hubiera acordado, se tendría que haber incumplido la orden, ya que desde Interior se informó de que no hay plazas en los CIES. «En Málaga, no hay antecedentes de que 104 inmigrantes queden en libertad de forma masiva, salvo los que venían en una patera el pasado septiembre», afirma Jiménez: «El hecho de ponerlos a disposición de una ONG es para no dejarlos en la calle y que tengan ropa y cobijo, pero eso no se puede equiparar, ni de lejos, a un internamiento en un CIE. No están retenidos; de hecho, se pueden ir cuando quieran».

El coordinador provincial de Cruz Roja, Samuel Linares, coincide con el diputado del Colegio de Abogados en que es una situación excepcional. «Esto evidencia que el sistema, cuando se sobrecarga, no es capaz de dar una respuesta adecuada y se bloquea. Nosotros mismos hemos tenido que improvisar una solución en 24 horas», aclara el representante de la organización.