Un informe medioambiental retrasará más los trámites del hotel del puerto

La ya de por sí compleja tramitación administrativa del hotel de lujo previsto en el Dique de Levante suma nuevos requisitos legales. El último en llegar, que no estaba previsto en la hoja de ruta inicial, es la obligación de elaborar un informe de impacto medioambiental, que viene impuesto por la Ley de Gestión Integral de Calidad Ambiental (Gica) y por la normativa europea. Este requisito legal supondrá una nueva demora hasta completar todo el arduo itinerario administrativo, que arrancó hace ya casi un año y tiene, en el mejor de los casos, al menos otros dos más por delante.

El inicio del procedimiento ambiental es indispensable para que el nuevo Plan Especial del Puerto tenga todas las garantías jurídicas, según explicó ayer el presidente de la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, que justificó en este escollo el hecho de que todavía no se haya remitido la solicitud formal a la Gerencia de Urbanismo para que inicie las gestiones que le corresponden para autorizar el edificio.

El Puerto está ultimando la contratación de una consultora externa para que lleve a cabo el estudio de impacto sobre el medio ambiente de los cambios previstos en el Dique de Levante, y Plata confió en que se podrá llevar a cabo mediante un procedimiento abreviado, lo que supondrá unos seis meses. «Tenemos que ser muy escrupulosos en el cumplimiento de la normativa», señaló.

Compleja tramitación

La buena noticia es que, una vez que esté en marcha el expediente ambiental, se podrá pedir formalmente la adaptación del Plan Especial, de manera que ambas gestiones podrán avanzar casi en simultáneo. En este punto, Plata puso de relieve la buena sintonía con el Ayuntamiento, por lo que los requisitos para lograr este avance ya se han estado negociando, con contactos periódicos a lo largo de los últimos meses. Antes de ser una realidad, las obras del futuro rascacielos necesitarán hasta tres informes medioambientales.

El concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, comentó que este aspecto salió a relucir en una reunión entre representantes de las dos instituciones, en la que los técnicos de ambas coincidieron en la obligación de presentar el citado informe de impacto medioambiental. El edil recordó que el 22 de febrero se presentó por primera vez la solicitud de modificación del Plan Especial; tras lo cual, el 31 de marzo, la Gerencia remitió un informe técnico con las adaptaciones necesarias y la documentación que el Puerto tenía que presentar. Desde aquel momento y hasta la fecha todavía no se ha entregado, aunque se está trabajando conjuntamente para darle forma al expediente mediante reuniones e intercambio de correos.

Una vez que arranque oficialmente el procedimiento para el cambio del Plan Especial, se abrirá un plazo de alrededor de un año, en el que un buen número de instituciones tendrán que aportar informes preceptivos acerca de parámetros tales como la altura del rascacielos y su posible interacción con los aviones, el impacto sobre el litoral y un largo etcétera. De momento, el único trámite que ya está próximo a concluir es la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (Deup), que también era obligatorio. Finalmente, la solicitud pasará a Puertos del Estado, que la tendrá que aprobar y remitirla al Consejo de Ministros, que será quien le dé luz verde definitivamente. Con este escenario no es previsible que las obras sobre el terreno puedan empezar al menos hasta el año 2019.