Las obras de la depuradora del Bajo Guadalhorce arrancarán en 2017 con una década de retraso

Después de una década en el dique seco, la Junta de Andalucía parece decidida a iniciar a comienzos de año la construcción de la depuradora del Bajo Guadalhorce, concebida para evitar que las aguas residuales de Coín, Álora y Pizarra se sigan vertiendo al río que da nombre a la comarca sin ningún tipo de tratamiento previo. Esta obra, junto a los 28 kilómetros de tuberías que conducirán los residuos de estos tres municipios (suman 45.000 habitantes) hasta la estación que se levantará en Pizarra y la culminación de los colectores que canalizarán el caudal de Alhaurín el Grande y Cártama, cuentan con una partida de 15,8 millones en los presupuestos autonómicos de 2017, de los que el 80% proceden de fondos europeos y el 20% restante del canon de infraestructuras que se aplica desde mayo de 2011 en la factura del agua de todos los andaluces para financiar obras de depuración.

Hasta ahí, sería más de lo mismo ya que estos proyectos llevan varios años figurando en las cuentas del Gobierno regional sin que finalmente se hayan ejecutado, pero esta vez todo apunta a que será la definitiva, hasta el punto de que en la Consejería de Medio Ambiente se atreven a asegurar que las obras estarán en marcha a comienzos de 2017, con una duración de año y medio.

Dueño mayoritario

Este optimismo se basa en que ya tiene prácticamente liquidado el principal escollo, que son las expropiaciones que los ayuntamientos no han sido capaces de materializar. La obtención de los terrenos para la red de canalizaciones ya está cerrada, mientras que para el suelo de la depuradora, que se levantará en la zona conocida como La Aljaima en la confluencia de los ríos Grande y Guadalhorce, ya hay acuerdo con ocho de los nueve propietarios de la docena de fincas afectadas. A día de hoy falta la firma del dueño mayoritario (una parcela de 13.392,57 metros cuadrados), aunque en la Delegación Territorial de Medio Ambiente aseguran que estará resuelto en las próximas semanas. De hecho, este propietario ha sido citado junto al resto para el próximo 21 de diciembre al acto de levantamiento de actas previas a la urgente ocupación de los bienes afectados por la futura planta, que tendrá capacidad para tratar 8.295 metros cúbicos al día mediante dos decantadores.

Una vez completado este procedimiento, la intención del Gobierno andaluz es iniciar cuanto antes los trabajos, que fueron adjudicados en 2007. Sin embargo, no será hasta diez años después cuando podría materializarse esta actuación, que se ha visto lastrada por las dificultades de los ayuntamientos para obtener los terrenos, las idas y venidas de Coín en su idea de contar con una estación propia obligando a modificar el proyecto (finalmente lo descartó por motivos económicos) y la falta de disponibilidad presupuestaria por parte autonómica. El proyecto final y la relación concreta de los terrenos a expropiar no fueron aprobados provisionalmente por la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua hasta octubre de 2015 y, de forma definitiva, hasta el pasado 4 de octubre, fecha el testigo pasó a la Secretaría General Técnica de Medio Ambiente para culminar las expropiaciones.

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