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Francisco Gutiérrez
Lunes, 7 de noviembre 2016, 00:28
En la provincia se imparten unas cien titulaciones de FP, 37 de grado Medio y 61 de grado Superior, en unos 90 centros docentes, tanto públicos como privados, a lo que hay que añadir otras 14 titulaciones de la FP Básica. La oferta asciende a unas 12.500 plazas para nuevo acceso, pero solo para los centros sostenidos con fondos públicos, es decir, institutos públicos y privados concertados.
El secretario de Enseñanza de Comisiones Obreras, José Blanco, señala que en los últimos años están faltando entre 30.000 y 40.000 plazas y que, según sus datos, las unidades de FP en los centros públicos no se han incrementado, pero en los privados hay unas 200 más. «Muchos estudiantes tienen que irse a lo privado, pagando por una enseñanza que es gratuita en el sistema público», afirma. Para Francisco Hidalgo, de CSIF, desde hace unos años se ha hecho evidente la falta de plazas en FP por una «insuficiente oferta» y recuerda a la consejera que su anunciada apuesta por estas enseñanzas tiene que traducirse en inversiones y presupuesto: «No se puede decir que se apuesta por la FP cuando cada año quedan miles de alumnos sin poder estudiar», y denuncia que el sistema público ha dejado vacíos una serie de ciclos que está recogiendo la enseñanza privada. Para José Ordóñez de la Cruz, de FSP-UGT, la dotación presupuestaria «está muy por debajo de las necesidades que tiene la FP». Al no ser una enseñanza obligatoria, ha surgido una oferta paralela por parte de centros privados. «Se venden muy bien ciclos como enfermería, técnicos de laboratorio, ortodoncia, etcétera, que por ser prácticos pueden costar 3.000 y hasta 4.000 euros el curso y, claro, para determinados bolsillos puede ser asequible, pero para otros es prohibitivo», señala Ordóñez de la Cruz.
Exclusión laboral y social
Desde ANPE, su secretaria provincial, María Gracia del Amo, pone el énfasis en la vertiente social del problema. «Se está privando a miles de personas de acceder a la formación necesaria para no caer en la exclusión laboral y social», dice. Esta situación «debe hacernos reflexionar sobre lo perjudicial de los recortes en educación pues se está negando, desde los propios poderes públicos, perspectiva de futuro a muchos andaluces que quieren formarse para acceder al mundo laboral», indica Del Amo.
La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, insiste en que la FP es una «apuesta decidida» de la Junta. «Ya tenemos una ley de FP, este año hemos desarrollado unas 70 medidas diferentes para apoyar estos estudios y trabajamos para que con el presupuesto del próximo año podamos incrementar el número de plazas», matiza la consejera.
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