El pleno rebaja el tono y llega al acuerdo en iniciativas de contenido social

Algunos concejales debieron celebrar ayer con cierto alivio que después de la tempestad llega la calma, o dicho de otro modo, que no hay mal que cien años dure, porque la sesión extraordinaria que cerraba el pleno correspondiente al mes de octubre recondujo el debate hacia otros temas más propensos al acuerdo. Sobre todo los que entran de lleno en el capítulo social, un escenario en el que todos los ediles parecen dejar aparcadas sus diferencias al menos en la mayoría de los casos y remar en la misma dirección. Y fue de agradecer después de una víspera de encontronazos a cuenta del futuro de los terrenos de Repsol y de la manzana de los cines Astoria y Victoria, cuando los concejales de una y otra bancada sacaron toda la artillería para dejar claras sus diferencias de criterio.

No las hubo sin embargo ayer en el grueso de las mociones debatidas, sobre todo las de corte social, que terminaron con acuerdo en bloque y que permitirán, entre otras cosas, poner en marcha un plan de reforma y mantenimiento del albergue municipal, cuyo «lamentable estado» llevó a pleno el edil no adscrito Juanjo Espinosa. También firmaba el exconcejal de Málaga Ahora otra moción debatida a la vez con un texto hermano de Málaga para la Gente sobre la pobreza energética. En este caso, la cara más dura de esta nueva forma de exclusión la puso con sus cifras la edil Remedios Ramos, quien afirmó que «casi siete millones de españoles pasan dificultades para pagar sus recibos a final de mes». En este contexto, y con el anuncio de que las bajas temperaturas acabarán en breve con este raro noviembre, el pleno votó por una amplia mayoría sólo hubo abstenciones en puntos concretos la puesta en marcha de una serie de medidas para que tanto desde el gobierno central como desde el local «ningún malagueño se quede este invierno sin luz», tal y como solicitó Espinosa.

También hubo quorum para sendas mociones que llevaba Ciudadanos sobre el acoso escolar y la lucha contra la exclusión infantil. En el primer caso el pleno aprobó por unanimidad la puesta en marcha de una estrategia municipal contra el bullying que sume fuerzas con el resto de administraciones que luchan contra esta lacra. Aquí tomó la palabra para sacar pecho el edil socialista Daniel Pérez, que recordó que la Junta de Andalucía «es pionera en esta materia», mientras que el edil de Derechos Sociales, Julio Andrade, replicaba que «el Ayuntamiento también tiene en marcha un protocolo para actuar ante este tipo de casos». De otro lado, el edil del partido naranja Alejandro Carballo arrancó del equipo de gobierno con el apoyo del resto de los grupos el compromiso de desarrollar un mapa de necesidades educativas por distritos para garantizar el apoyo escolar a los niños de Málaga que viven en riesgo de exclusión social.

Si en todas estas materias hubo acuerdo, el desencuentro estuvo protagonizado por el concejal socialista Sergio Brenes y el alcalde. La mecha prendía en el debate de una moción popular en la que el equipo de gobierno solicitaba el apoyo del resto para recuperar las pinturas murales que han aparecido en la fachada del Instituto Gaona tal como adelantó SUR y el concurso de la Junta de Andalucía para llevar a cabo estos trabajos.

De la Torre, «como Nerón»

Ahí el alcalde no sólo tuvo que escuchar la lista de agravios de la oposición de izquierdas, que lo acusó, en palabras de la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, de «no ser receptivo con la conservación del patrimonio»; sino también la comparación que hizo el propio Brenes asimilando la actitud del alcalde a la de Nerón, «que disfrutaba viendo cómo ardía Roma». «Usted es el responsable de la degradación del patrimonio en la ciudad», le espetaba el socialista. El alcalde recogía el guante, pero zanjaba el tema con un «paso de alusiones personales» y presumiendo de que «si algo tratamos con especial cuidado y cariño es el patrimonio». Aún así, la sangre no llegó al río y la moción salió adelante por unanimidad.

Pero aún tuvo que escuchar el alcalde algún que otro reproche (casi amenaza), como la que la propia Torralbo le lanzaba ya en el turno de comparecencias al sugerir que va a poner en manos de la Fiscalía la resolución del convenio urbanístico en Hoyo Esparteros, «que se ha convertido en una tomadura de pelo».

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