El Ayuntamiento de Málaga baraja ampliar el contrato de Limasa para salvar el verano de 2017

Desde hace 16 años se sabe que la concesión del servicio de limpieza y recogida de basuras en Málaga expira el 17 de abril de 2017, pero la indefinición del equipo de gobierno a la hora de decidir si la nueva Limasa se deja íntegramente en manos privadas (ahora es una sociedad mixta en la que el 49% del accionariado es público) o se opta por la municipalización hace prácticamente imposible que, con seis meses por delante, se pueda llegar a tiempo a liquidar todo el proceso administrativo. Ante esta situación, en el Ayuntamiento ya dan prácticamente por hecho que habrá que prorrogar el contrato, una posibilidad que ya ha sido abordada con los socios privados de la entidad (FCC y Urbaser como mayoritarios, además de Sando y Unicaja), quienes no han mostrado inconveniente. ¿Por cuánto tiempo? En principio, se está hablando de «sólo unos meses», aunque no se ha concretado si en la cláusula se fijará una nueva fecha límite o se dejará abierta su vigencia hasta que concluya el procedimiento.

En cualquier caso, lo que sí que tienen claro en el Área de Sostenibilidad Medioambiental es que, una vez puestos a alargar la concesión unos meses, mejor posponer todos los cambios hasta que pase el verano, que es el periodo del año más problemático para la limpieza en la ciudad. «Al margen de cuestiones administrativas, desde el punto de vista del servicio la experiencia nos dice que a la hora de hacer cambios es mejor acometerlos en épocas menos complejas», advierte el concejal del ramo, Raúl Jiménez, quien echando la vista atrás pone como ejemplo lo ocurrido hace unos años con el mantenimiento de los parques y jardines públicos. «La contrata cambió antes del verano y pasamos unos meses con muchos problemas hasta que se fueron asentando las modificaciones incorporadas por los nuevos adjudicatarios. Los experimentos es mejor hacerlos en épocas menos problemáticas, por eso entendemos que para cambiar el servicio de limpieza en junio, mejor esperar a que pase el próximo verano», precisa el edil.

Mientras tanto, la realidad es que a día de hoy todo está igual que hace unos meses, con las conversaciones con los sindicatos para una posible municipalización en suspenso a la espera de que llegue el informe solicitado a la Dirección General de Función Pública (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) para determinar cómo se podría llevar a cabo la incorporación de los 1.354 empleados fijos de Limasa al sector público. Por su parte, el comité de empresa tampoco ha contestado al borrador de convenio que a finales de julio les entregó en persona el propio alcalde, Francisco de la Torre, en el que entre otras exigencias se plantea una rebaja salarial del 20% a cambio de ser municipales.

En cualquier caso, mientras se mantiene abierta la vía con los sindicatos, los técnicos municipales tienen prácticamente listos los pliegos de condiciones para sacar a concurso el nuevo contrato. Una vía paralela que en el equipo de gobierno justifican con el argumento de que la complejidad que conlleva la elaboración de este expediente.

De momento, aseguran que no hay una decisión tomada, aunque una de las opciones que se barajan es integrar en el sector público tanto la recogida de residuos como su posterior tratamiento en el centro ambiental de Los Ruices, pero dejar en manos privadas la limpieza viaria, que es el servicio que más descontento genera y «el que peor funciona», según remarcan en el Consistorio.

Esta fórmula mixta surge a raíz de las dudas surgidas en el gobierno del PP, donde siempre se había apostado por la privatización total pero ahora, especialmente el alcalde, no se descarta municipalizar. Asimismo, también se busca un acercamiento con el resto de grupos para tomar una decisión consensuada ya que, al gobernar en minoría, necesita apoyos de otros grupos. En este sentido, cabe reseñar que Ciudadanos defiende la privatización integral y la división del servicios en varios lotes, mientras que los tres grupos de izquierdas (PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente) abogan por la creación de una empresa cien por cien pública.

Para evitar duplicidades o que se queden tareas sin atender porque no esté claro qué compete a limpieza y qué a la recogida, la premisa sería que todo lo que esté en el suelo (incluidas las bolsas de basura tiradas junto a los contenedores) corresponda al personal de limpieza, de forma que el de recogida se limite únicamente a vaciar los contenedores.

Además de ser privatizado, el servicio de limpieza (900 empleados) quedaría dividido en dos zonas, de modo que serían distintas empresas las que asuman su gestión entendiendo así que se generaría cierta competencia que redundaría en un mejor resultado para la ciudad. Siempre según este modelo que plantean en Sostenibilidad Medioambiental, tanto el servicio de playas como el que se presta en los mercados municipales se desgajarían de la nueva Limasa. La idea es que la puesta a punto del litoral la asuma el Área de Playas y que en los mercados se encarguen el Área de Comercio o Limposam, la empresa municipal que se encarga de la limpieza de colegios y dependencias públicas.