La oposición en bloque exige por escrito al alcalde el informe del que depende la consulta de Repsol

Los cuatro grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga (PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos e IU-Málaga para la Gente) exigieron ayer por escrito al alcalde que les entregue el informe del interventor municipal sobre la viabilidad de celebrar una consulta ciudadana para decidir el futuro de los terrenos de Repsol, un documento que el equipo de gobierno del PP tiene en su poder desde mediados de julio y que, tras informar este periódico de su existencia el pasado día 28, se comprometió a hacer público esta misma semana en una reunión de la mesa de trabajo constituida para definir el plebiscito. Sin embargo, la convocatoria de este encuentro sigue sin fecha. Y el documento clave para despejar las dudas planteadas por la Secretaría General sobre la consulta al afectar a las arcas municipales, guardado a buen recaudo en el Área de Participación Ciudadana.

Según ha podido saber este periódico, el interventor considera que renunciar o no a los ingresos urbanísticos ligados al proyecto vigente (los tres rascacielos que corresponden al Ayuntamiento fueron tasados en 70,3 millones) es una decisión puramente política, por lo que no entra a valorar si puede o no puede hacerse la consulta popular que a finales de enero aprobaron por unanimidad los cinco grupos políticos y que en el pleno ordinario del pasado jueves volvieron a ratificar, otra vez por unanimidad.

En un escrito conjunto firmado por los portavoces de los cuatro partidos que fue presentado en el Registro en la mañana de ayer con copia también dirigida a la Secretaría del Ayuntamiento, toda la oposición en bloque reclama formalmente que se les remita el informe «a la mayor brevedad posible». «Se está vulnerando nuestro derecho fundamental de participación efectiva que nos asiste como concejales electos», advierten en el documento amparándose en la Ley de Bases del Régimen Local que establece que «todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o de la comisión de gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función», fijándose un plazo máximo de cinco días naturales para contestar. La iniciativa de toda la oposición de IU-Málaga para la Gente después de que pese a solicitarlo por los cauces legales aún no haya tenido acceso al pronunciamiento del interventor, en el que no se ponen reparos a la consulta.

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