Las peores coberturas en sanidad y educación de la región

La sanidad y la educación no universitaria constituyen los lunares negros de la cobertura que las administraciones prestan a la población malagueña, si se tiene en cuenta el número de profesionales de la función pública encargados de ambas materias en relación con el número de habitantes. Así, según los cálculos realizados por el profesor universitario y responsable del órgano de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de la capital, Juan Manuel Ruiz Galdón, Málaga presenta las peores prestaciones en materia educativa, sin contar la Universidad, en Andalucía, con 90 habitantes por cada empleo público en este ámbito (la media andaluza es de 77 habitantes por funcionario de la educación), y la segunda peor cobertura en el campo de la sanidad pública, con 105 ciudadanos por puesto de trabajo en las instituciones sanitarias, tras los 116 habitantes que arroja la provincia de Almería. En este caso, la media andaluza es de 93 personas por cada empleado de la sanidad.

Ambos servicios dependen de la Junta de Andalucía, que tampoco sale bien parada en los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que contabilizan el número de funcionarios de sus consejerías y organismos. En el caso de la provincia de Málaga, cada uno de ellos se corresponde con un total de 464 habitantes, la peor proporción de la comunidad, lo que puede implicar un deficiente servicio. Lo mismo sucede con los empleados de las delegaciones de los ministerios y sus entidades subordinadas, con 415 malagueños por cada uno de sus puestos de trabajo, la cobertura más baja de las provincias andaluzas.

Por el contrario, la administración de Justicia que depende del Gobierno andaluz sí arroja un buen nivel para la población malagueña, con 1.029 habitantes por funcionario frente a los 1.130 de la media andaluza. Asimismo, también es aceptable la proporción de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la provincia, por encima de la media regional, y la de los funcionarios de Justicia que dependen de la administración central.

En los últimos dos años, las oficinas de Facua Málaga han recibido un 150% más de consultas y reclamaciones sobre los servicios sanitarios. «Posiblemente sea el ámbito en el que el deterioro del sector público es más palpable», afirmó la presidenta de Facua Málaga, María Dolores García. En el mismo sentido, Jesús Burgos, responsable de la UCE, resaltó que «Málaga es la única provincia andaluza en la que el número de camas privadas supera a las públicas».

No se cubren jubilaciones

Juan Miguel Contioso, secretario de organización de la federación de empleados de los servicios públicos de UGT en Málaga, opinó que la cobertura que ofrece la sanidad privada en la provincia ha llevado a la Junta a no preocuparse tanto de las carencias en sus hospitales y centros de salud, pero exigió una mayor dotación de personal. «El número de profesionales del ámbito sanitario empezó a caer antes de la crisis y se ha mantenido en descenso por los recortes en la contratación de personal dictados por el Gobierno central, lo que ha afectado sobre todo a los hospitales con una plantilla de mayor edad, en la que no se han cubierto jubilaciones», señaló.

En un sentido parecido, Rafael González, secretario general del sindicato de sanidad de Comisiones Obreras en Málaga, dijo que los datos demuestran «cómo los recortes se han cebado con Málaga en el sector sanitario». «En otras provincias se han construido hospitales y centros de alta resolución, y aquí la inversión ha sido cero durante los últimos años, pese a que la población no ha dejado de crecer. Es algo que clama al cielo. La Junta lo niega todo, pero hay un gran déficit», abundó.

Desde el sindicato CSIF, apuntaron que «todo son mentiras, parches y juegos dialécticos para enmascarar una realidad sanitaria que, de no ser por el buen hacer de los profesionales, haría ya tiempo que habría quebrado en toda su dimensión».

En cuanto a la merma de los trabajadores de la docencia no universitaria, María Gracia del Amo, presidenta del sindicato ANPE, recordó las cada vez más frecuentes «concentraciones y protestas» para denunciar la falta de profesorado. «La inversión en educación se ha reducido con recortes cada vez más exagerados. Ha habido una drástica bajada de plantilla que no se ha recuperado, no se cubren ni las vacantes ni las bajas», indicó Del Amo, quien recordó que, desde su sindicato, llevan años denunciando esta situación sin que la administración tome en consideración sus quejas. «La educación y la sanidad son dos pilares básicos de cualquier sociedad», recordó.

Igualmente, desde el CSIF lamentaron la «falta de planificación y escasez de recursos humanos» en los centros educativos de la provincia, «provocando un caos organizativo».

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