Ediles e informadores turísticos tratan la situación de éstos últimos fuera de la Comisión de Economía.

La oposición quiere despedir a una laboral contratada por su «sueldo alto»

Aprueban que Ana Benavides deje de ser jefa de Comunicación de Promálaga, puesto que ocupa desde 2003. Cortés afirma que esto «es una caza de brujas» por ideología

Pilar R. Quirós

Martes, 26 de julio 2016, 00:37

La comisión de Economía, que se celebró ayer, dejó una estampa inédita en el Ayuntamiento de Málaga. Por primera vez, la oposición, con los votos en contra del PP, aprobó despedir a un laboral contratado en Promálaga desde 2003, y que en el plazo de tres meses se diese de alta a otra persona para cubrir su puesto por un proceso de mérito. Lo cierto fue el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, desconocía cuál es la actual relación laboral de Ana Benavides con Promálaga, donde ejerce de directora de Comunicación. En principio, Zorrilla pensaba que tenía un puesto de alta dirección, como dejaba entrever en su intervención, y explicaba que por la Ley de Racionalización de la Administración Local, esta empresa municipal sólo podía tener un directivo.

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El hecho es que cuando se enteró de que era personal laboral contratado por el Ayuntamientono cambió su interés, ni su iniciativa, basándose en que tenía un sueldo alto, 73.000 euros, y que no había pasado por un proceso de selección por mérito y capacidad. Es necesario explicar, porque así es, que el sistema de mérito y capacidad está instaurado para cubrir las plazas de laborales desde no hace más de tres años, y que Benavides está contratada desde 2003. En el holding municipal en la actualidad hay más de un millar de personas en su situación con contratos perfectamente legales. Precisamente, el portavoz popular, Mario Cortés, lanzaba un órdago sobre este asunto, y le exigía al portavoz de IU-Málaga para la Gente una enmienda en su iniciativa para que todos los laborales contratados por el Ayuntamiento, muchos de la época del socialista Pedro Aparicio (cuando gobernaba en coalición con el PCE), fuesen despedidos y pasasen un proceso selectivo de igualdad, mérito y capacidad, añadiendo que en este asunto es más que obvio que se trata «sólo de una caza de brujas», ya que Benavides fue contratada en la época de Celia Villalobos como directora de Comunicación, y más tarde ejerció también este puesto con Francisco de la Torre, así como que fue gerente de Onda Azul. De hecho, Cortés explicó más tarde que pocas personas en el Ayuntamiento tienen el curriculum de Benavides como periodista, que en su época fue incluso corresponsal de guerra, y añadía visiblemente enfadado que la «persecución laboral a un trabajador por motivo de su ideología es un delito reflejado en el Código Penal».

Cortés, que no daba crédito a que este asunto fuese más allá y se aprobase, como finalmente pasó con los votos de Ciudadanos incluidos (6 a favor, contra 5 del PP en la comisión de Economía), explicó que hay otros muchos laborales en el Cemi, en el Palacio de Congresos, en Urbanismo, el IMV, «¿por qué sólo despedirla a ella? ¿cuál es su culpa, que fue un cargo de confianza en el pasado?», preguntaba, al tiempo que les pedía cesar a todos los puestos intermedios que ganasen más de 50.000 euros, indemnizarles y organizar un proceso selectivo para todos estos puestos. «Una medida de carácter general, y no individual», añadía para asombro de la oposición. Sobre si el pleno es competente para despedirla, el asunto no parece baladí, pero hechas consultas a expertos jurídicos, en el artículo 123 de la Ley de Bases de Régimen Local, se explica que, entre las competencias del pleno, está aprobar la plantilla del Ayuntamiento. El portavoz popular insistió, acabado el encuentro, que la directora de Comunicación de Promálaga sólo podría ser despedida por tres cuestiones: que la empresa entrara en pérdidas, un despido disciplinario o por amortización de su plaza, «y está claro que no ha lugar ninguno de ellos», subrayó.

Todo parecer indicar, tras consultas a expertos jurídicos hechas por este periódico, que por el Estatuto de Básico del Empleado Público, de 2007, Benavides estaría considerada personal laboral fijo, es decir cuyo despido, en principio, es nulo de pleno derecho;lo que no sería así si fuese laboral indefinido (que se la podría despedir indemnizándola). Debido a la complejidad de este asunto, el PPya ha encargado un informe a los servicios jurídicos.

Pero volviendo a la comisión, Zorrilla no admitió la enmienda a Cortés y le instó a que él, por su cuenta, presentase una moción en esta línea. Mientras tanto, la edil socialista Mari Carmen Moreno, pasaba de puntillas pidiendo procesos de selección por mérito y capacidad para los nuevos contratados, sin entrar en el fondo de la cuestión;y Ciudadanos volvía dejar solo a su socio en el acuerdo de investidura, y explicaba que se había posicionado a favor porque no les cuadraba la función que ejercía la directora de Comunicación de Promálaga con el sueldo que cobraba. «Es una vendetta», afirmaba sin ambages Cortés a sus compañeros al terminar el encuentro.

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Informadores turísticos critican cobrar 4 euros la hora

Los informadores turísticos de Málaga se hicieron ayer escuchar a través de su portavoz, Victoria Álvarez, que fue a la comisión de Economía para explicar que no cobraban por su trabajo más de cinco euros la hora, 800 euros al mes netos por 40 horas semanales, que sin pagas extra se quedaría en 720, «es decir 65 euros más del salario mínimo interprofesional». Explicaba que con ese sueldo deben tener la titulación B2 para inglés y la B1 de otro idioma, y que algunos de los empleados entraron hace cuatro años sin estos títulos, por lo que pedía tiempo para preparárselos.

El concejal de Turismo, Julio Andrade, subrayó que la empresa contratada cobra a 12 euros la hora por cada trabajador, según el precio de licitación, aunque los empleados sólo perciban algo más de cuatro de euros, y que entendía, como pedía el PSOE e IU, que había que tratar de mejorar sus condiciones laborales finalmente se aprobó por unanimidad. Añadía, eso sí, que ahora no era posible porque ya ha entrado en vigor la nueva licitación durante un año, pero que se intentaría para la prórroga. El edil socialista José Carlos Durán y el portavoz de IU, Eduardo Zorrilla, intentaron conseguir, ya en los pasillos, que estos trabajadores tengan un año para obtener estas titulaciones, algo que Andrade se comprometió a tratar con la empresa.

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