El PP se escuda en la protección de datos para no informar sobre el convenio de La Mundial

La Comisión de Transparencia del Ayuntamiento tuvo ayer como tema central el convenio de Hoyo de Esparteros y La Mundial, un asunto sobre el que la oposición intentó de forma infructuosa obtener novedades sobre la situación del convenio con la promotora Braser. El equipo de gobierno del PP se escudó en la confidencialidad y en la Ley de Protección de Datos para no informar sobre la deuda y sus tramitación administrativa ni sobre la solvencia de los privados.

La reunión, celebrada en el salón de plenos, estuvo presidida por el primer teniente de alcalde, Mario Cortés, quien explicó que unos instantes antes del inicio había recibido un informe de Gestrisam, por el cuál no se podía facilitar datos tributarios y fiscales, «y menos de una empresa con causas judiciales contra el Ayuntamiento». «Es información de carácter reservado, salvo que el implicado lo autorice, y este ha anunciado demandas» contra el Consistorio. Con todo, invitó a los miembros de la oposición que pertenezcan al consejo de administración de la empresa de gestión tributaria a acceder a la información, «pero con confidencialidad». «El Grupo Socialista (que pidió la comparecencia en este sentido)puede ver el expediente en las oficinas de Gestrisam, donde están los requerimientos de pago y posibles bienes embargables y la solicitud de aplazamiento y la aceptación de prórroga hasta el 1 de diciembre», comentó. Cortés se disculpó porque el informe no hubiera llegado antes.

La edil socialista Estefanía Martín Palop afeó al equipo de gobierno la «opacidad» que, a su juicio, han mostrado. «Ustedes no son transparentes, el PP oculta información», dijo, y preguntó por qué no habían extinguido el convenio en febrero de 2015, cuando se produjeron los primeros incumplimientos. «Hay muchas dudas, es sospechoso, sólo velan por los intereses de los privados».

Francisco Pomares, concejal de Urbanismo, justificó que la prórroga para el pago del convenio se tuvo que conceder porque la promotora se acogió a la Ley Tributaria, por lo que tiene plazo hasta el 1 de diciembre de 2016, «hasta ese día es legal el convenio y puede pagar», y confió en que pueda conseguir la financiación necesaria.

«Prórroga ilegal»

Eduardo Zorrilla, portavoz de IU-Málaga para la Gente, aseguró que la prórroga del pago fue «ilegal» porque ya se habían incumplido los plazos previamente, al tiempo que consideró a la empresa «incapacidad» para hacer frente a este proyecto urbanístico. En la misma línea, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, consideró que el convenio era «improrrogable», y aseguró que están en una situación de «privilegio». Frente a los intentos del equipo de gobierno por dispersar la responsabilidad hacia Gestrisam, la edil señaló a Urbanismo como responsable de la situación.

Sobre el segundo gran asunto de la jornada, el de las denuncias por la contratación de falsos autónomos en el Consistorio, tampoco hubo nada en claro. Zorrilla afirmó que tras un año pidiendo información, con tres mociones y 18 escritos, sobre 364 casos sospechosos, sólo se aclaró que 28 eran empleados públicos. Pero del resto, ningún dato.

Cortés, con ayuda de los técnicos, se escudó en los numerosos proveedores externos que existen y rechazó que haya una lista de falsos autónomos. Sí aclaró que hay cinco procesos abiertos, entre ellos, en el Omau, Medio Ambiente, Limpieza y el Museo Municipal, «de empresas que consideran que tienen una vinculación laboral». Casi todas las sentencias son favorables al Ayuntamiento.