Condenados por apropiarse de una finca y vendérsela a un promotor británico

Aprovecharon que el matrimonio propietario de la finca estaba fuera del país para apropiarse de sus tierras y vendérselas a un promotor británico. Son los hechos que llevaron a dos procesados a acabar condenados por la Audiencia Provincial como responsables de un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento público.

Se trata de una propiedad conocida como Finca Pastor, que se encuentra situada en el término municipal de Torrox. Con más de 16 hectáreas de extensión, el matrimonio danés vivía y explotaba la finca hasta el año 1995 cuando por motivos laborales tuvieron que regresar a Dinamarca. Aunque abonaban puntualmente sus impuestos, no fue hasta el año 2002 cuando, al ir a pagar su abogado la anualidad del IBI, los dueños se enteraron de que la finca ya no era suya, sino que figuraba uno de los dos condenados en este caso como titular.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, se explica que los dos procesados se pusieron de acuerdo hacia el año 2000 para modificar la titularidad de la finca, para lo que idearon que uno de ellos confeccionase un contrato privado simulando la firma del propietario. En el documento, supuestamente, le vendía la finca por unas 500.000 pesetas, ya que se puso como fecha en el escrito el 18 de junio de 1980.

Sin que el matrimonio danés se enterase de nada, el procesado que había adquirido la finca y la había aportado a la Sociedad de Gananciales que tenía con su esposa, se la vendió al otro acusado por 13.522 euros, quien acabó inscribiéndola a su nombre en el Registro de la Propiedad.

Una vez que se crearon siete parcelas dentro de los terrenos, «para culminar la maniobra defraudatoria perseguida», el acusado vendió la propiedad a un promotor inmobiliario británico. En la resolución se explica que, aunque no se puede determinar con precisión el precio total abonado en la compra, sí se estima que se situase en torno a 380.000 euros, cuando la finca fue tasada en más de dos millones de euros.

Siempre según la sentencia, que fue dictada por los magistrados de la Sección Octava de la Audiencia Provincial, se asegura que los dos procesados actuaron de mutuo acuerdo, «movidos por ánimo de enriquecimiento injusto y sabedores de que, para conseguir sus propósitos, tenían que suplantar el derecho a la propiedad del matrimonio danés, en cuantos documentos públicos otorgaran».

Por ello, fueron condenados por la Audiencia malagueña por los citados delitos, concurriendo en ambos acusados la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y, para uno de ellos, la de confesión. A éste último se le impuso una pena de un año y seis meses de prisión, además de una multa de 720 euros.

En cuanto al otro procesado, fue condenado por los magistrados a tres años de cárcel y 3.600 euros de multa. Sin embargo, tras haber recurrido ante el Tribunal Supremo, se le redujo la pena privativa de libertad a dos años y siete meses, ya que se le considera coautor de un delito continuado de falsedad en documento público en concurso medial con un delito continuado de estafa agravada por la cuantía, considerándose la atenuante de dilaciones indebidas.

Sin embargo, el Alto Tribunal confirma íntegramente el resto de la sentencia. En ella se ordena a los procesados que indemnicen al matrimonio por los daños y las ganancias o beneficios que hayan dejado de obtener como consecuencia de su acción delictiva, además de declarar la nulidad de distintas escrituras, entre las que hay algunas compras de las parcelas en las que se dividió la finca.

Los vecinos

Se trata de un caso «perfectamente» conocido por los vecinos de la finca. Uno de los residentes, que prefiere mantener su identidad en el anonimato, explicó a SUR que trabajó durante varios años para el matrimonio danés, y que posteriormente, cuando estos se marcharon a su país, continuó manteniendo el extenso olivar. Pese a ello, no tenía noticias de que se hubiese falsificado la firma de los daneses, confesó este vecino, que declaró en el juicio como testigo.

Tras conocer el fallo judicial, este residente avanzó que el matrimonio danés ya se ha puesto en contacto con él para regresar a la zona y tomar posesión de sus tierras y viviendas. «Por lo visto tendrá que venir la Guardia Civil y desalojar a los que viven en las tres casas», apuntó. Según detalló, durante los años posteriores a que el promotor británico comprase la finca, que había sido dividida en siete parcelas, éste hombre siguió yendo por allí «para intentar venderlas todas». «Estuvo un tiempo viviendo en una de las casas, pero luego ya no volvió más», apuntó.

Otra residente expresó que se alegra «mucho» porque se haya hecho justicia finalmente, aunque hayan tenido que pasar más de 15 años desde que le robaron las tierras a los daneses, «que eran unas magníficas personas que daban trabajo a los vecinos».