La Junta paraliza la retirada de la concesión del balneario hasta que haya sentencia

El restaurante y la terraza de los Baños del Carmen seguirán abiertos, bajo la dirección de sus actuales concesionarios y sin un horizonte temporal definido. La Consejería de Medio Ambiente ha remitido un escrito a la Demarcación de Costas en la que le informa de que, a tenor del reciente auto judicial que frena cautelarmente las acciones de la Junta contra esta concesión, se ha acordado «la paralización del expediente y la suspensión del plazo para resolver la extinción», según el documento, al que tuvo acceso este periódico.

El escrito, firmado por el director general de Prevención y Calidad Ambiental, Fernando Martínez Vidal, tiene varias lecturas. De una parte, el Gobierno andaluz renuncia a presentar un recurso de reposición contra el auto 173/16, de 10 de junio, por el cual la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)con sede en Málaga impuso las citadas medidas cautelares. De manera que, según la carta de Medio Ambiente, las acciones se suspenden «hasta tanto se extinga la medida cautelar».

Pero el documento también plantea otro horizonte jurídico: según el criterio autonómico, el expediente de extinción de la concesión se podrá retomar cuando «llegue a término el tiempo concedido». Por tanto, al margen de la mayor o menor celeridad de los tribunales, el proceso para retomar el Plan Especial de los Baños del Carmen (que permitirá la creación de un gran parque en los terrenos del antiguo camping, además de rehabilitar el balneario y prolongar el paseo marítimo)no se producirá al menos hasta diciembre de 2018, que es cuando caduca la actual concesión.

Aunque el criterio general de los juristas consultados es que la caducidad del periodo de explotación marcaría la fecha definitiva, no se puede perder de vista que contra las sucesivas acciones del Gobierno andaluz caben nuevos recursos (administrativos y judiciales) que dilatarían la resolución final al menos varios meses más.

La decisión de la Junta se ha trasladado a su vez a la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Agricultura, alimentación y Medio Ambiente, para su análisis. Y es que se abre ahora otro escenario, en el que los técnicos del Estado consideran que no es viable mantener la situación de precariedad en las relaciones entre los privados y la Administración que ha imperado hasta ahora.

De entrada, se van a estudiar posibles actuaciones, dentro de las competencias de Costas, para promover una solución provisional, en forma de puente, y que incluirían una actualización del canon, de manera que la concesión tenga un marco legal mínimo. Aunque éstas tendrán que esperar a otoño, cuando se constituya el nuevo Gobierno.

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