El Ayuntamiento necesita 20 millones en los próximos meses para poder liquidar Limasa

El Ayuntamiento de Málaga lleva meses trabajando en la definición del futuro modelo de Limasa a partir de abril de 2017, cuando termina la concesión actual vigente desde 2001. Pero al margen de deshojar la margarita sobre si se opta por la municipalización o la privatización total del servicio, en el equipo de gobierno tienen otro frente abierto que, si bien no afectará a la limpieza viaria ni a la recogida de basuras, sí que lo hará a las arcas públicas. Se trata de los 20 millones de euros que el Consistorio tendrá que abonar en los próximos meses para poder liquidar las cuentas de Limasa, que se suman a los 89 presupuestados este año por la prestación del servicio.

Este montante extra procede de las certificaciones del servicio correspondientes a noviembre y diciembre de este año y a la aportación adicional que cada ejercicio tiene que abonar el Consistorio para compensar a los socios privados (FCC y Urbaser son los mayoritarios, y con una menor participación Sando y Unicaja) por nuevos trabajos encomendados y por las subidas salariales por encima del IPC que en época de bonanza fue aprobando el gobierno de Francisco de la Torre para evitar conflictos laborales.

Estas dos partidas siempre se han venido abonando a año vencido puesto que hasta el 31 de diciembre no se puede cerrar la facturación, por lo que hasta ahora computaban dentro del presupuesto municipal del ejercicio siguiente para la limpieza viaria, la recogida de residuos y su posterior tratamiento. La diferencia ahora es que al expirar el contrato en abril ya no hay forma de camuflar este montante ni mucho menos retrasar los pagos a lo largo de toda la anualidad.

Ante esta situación, en el Área de Economía están haciendo números para tratar de liberar del presupuesto de este año la mayor parte de esos aproximadamente 20 millones (la cifra definitiva se concretará al cierre del ejercicio) para proceder a su abono, con la idea de dejar únicamente para 2017 el desembolso correspondiente a las certificaciones y la parte proporcional de la citada compensación relativa a los primeros meses de 2017, que se irían pagando cada 30 días hasta el fin de la concesión. Sobre el papel, el contrato expira el 17 de abril de 2017, aunque en vista de que la decisión sobre el futuro modelo de gestión se sigue dilatando se contempla la posibilidad de prorrogarlo durante unos meses.

«Son pagos derivados del anterior ejercicio que siempre se han ido abonando posteriormente, pero esta vez queremos saldar esa deuda lo antes posible para dejar las cuentas claras antes de proceder a la liquidación de la empresa», afirma el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez. Para ello, ya se ha trasladado el encargo al Área de Economía, acompañado de una estimación del importe que sería necesario reservar tomando como referencia las últimas cuentas de Limasa, correspondientes a 2015.

En esa memoria anual se reflejaba que el Ayuntamiento mantenía a 31 de diciembre una deuda de 20 millones de euros, de los que 10,3 eran facturas de noviembre y diciembre, y los 9,7 restantes correspondientes a la citada compensación que la ciudad viene abonando desde 2004 para restablecer el equilibrio financiero de la empresa, que está obligada por contrato no solo a cerrar cada año en positivo, sino a dar un beneficio mínimo del 2%. En términos contables, esos 20 millones arrastrados desde 2015 computan dentro de los 89.034.706,61 euros destinados este año a Limasa. La mayor cuantía va para la limpieza urbana (46,71 millones), seguida del servicio de recogida de residuos, con 25,09, mientras el tratamiento en la planta de Los Ruices tiene un coste de 17,22 millones.

¿De dónde saldrán esos 20 millones? En principio, las opciones que se contemplan pasan por echar mano del remanente de tesorería que se pueda obtener este año e incluso del fondo de contingencia reservado para imprevistos. Además, tampoco se descarta usar parte de los fondos procedentes de la reducción de intereses de los préstamos bancarios o de partidas para proyectos previstos en los presupuestos que finalmente no se vayan a ejecutar. Por regla general, este excedente se suele destinar a mejoras en los distritos y a iniciativas sociales a través de modificaciones de crédito (anular una partida para trasladar el montante a otro concepto), aunque esta vez el grueso del pastel iría para Limasa.

«Estamos haciendo números y viendo de qué partidas se puede tirar», expone el concejal de Economía, Carlos Conde, quien no oculta la «complejidad» que conlleva esta operación ya que cualquier desembolso extra, y más aún tratándose de estas cantidades, puede afectar a la Ley de Sostenibilidad y a la regla de gasto del Ayuntamiento. Aún así, el edil asegura que las arcas municipales «son solventes y se puede asumir», pero sí que precisa que debe hacerse «con el máximo criterio y teniendo en cuenta todos los pormenores para evitar complicaciones en el ejercicio siguiente».