NURIA TRIGUERO
Miércoles, 6 de julio 2016, 00:34
El sector de la construcción vive una recuperación a dos velocidades. Una es la que marcan las grúas que vuelven a elevarse en la Costa del Sol y los contratos de compraventa de vivienda vacacional firmados por extranjeros; la otra, la de las escasas licitaciones públicas que se publican en el BOE. La patronal malagueña del ladrillo constató ayer con motivo de su asamblea anual el optimismo que desprenden los indicadores del mercado de la vivienda, alertando a la vez de que el leve repunte de la inversión pública es «totalmente insuficiente» para mantener la actividad productiva de las empresas del ramo.
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Tras tocar fondo en 2015 con la ínfima cantidad de 142 millones de euros, la inversión en obra pública está remontando este año en Málaga. En el primer semestre de 2016 las administraciones públicas licitaron proyectos por valor de 125 millones (58 millones de las administraciones locales, 40 de la Junta y 27 el Gobierno central), lo que supone un 80% de toda la inversión destinada el año pasado. Un aumento que se concreta en actuaciones como la nueva Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, el enlace con la autovía de Benalmádena, el mantenimiento de carreteras de Diputación y las obras de mantenimiento de distritos, las caballerizas y la avenida Plutarco del Ayuntamiento de Málaga.
Pero este repunte es «insuficiente» para mantener la actividad del sector de la construcción, según aseguraba ayer el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), Emilio López.
El dirigente patronal criticó que los constructores no sólo están sufriendo la escasez de inversión pública, sino que se enfrentan a las «licitaciones creativas» de algunos ayuntamientos que no tienen «pudor a la hora de aprovecharse de la situación de desesperación del sector», incluyendo en la redacción de los pliegos cada vez mayores exigencias. López denunció además la «desigualdad» que sufren las empresas andaluzas desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia de Andalucía, que obliga a dar publicidad a los procedimientos previstos en la Ley de Contratos como negociados sin publicidad. «En otras regiones sí se pueden seguir adjudicando contratos pequeños sin publicidad, con lo que nuestras pymes no pueden licitar fuera porque no se enteran y aquí tienen que competir con empresas de toda España», afirmó. Además, criticó que las administraciones admitan bajas temerarias.
La ACP alertó de que la Junta de Andalucía sigue sin pagar en plazo. Según sus cálculos, mantiene una deuda con las constructoras de la provincia de más de 150 millones de euros (hace un año era de unos 300 millones). Además, criticó que el gobierno regional esté incumpliendo la obligación de aplicar la facturación electrónica. «Si funcionara sabríamos qué pasa con nuestras facturas», afirmó.
La ACP insistió en la urgencia de contar con un gobierno estable, mostrando su «enorme preocupación» por la paralización institucional y la inseguridad jurídica que origina. También se quejó de que la inestabilidad de muchos gobiernos municipales está perjudicando sus intereses.
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Vivienda
El diagnóstico del sector inmobiliario es bastante más optimista. Los constructores malagueños creen que en dos o tres años la demanda de primera vivienda alcanzará las 10.000 unidades anuales en la provincia. La evolución del mercado de la vivienda es «favorable» y «tiende a despegar aunque con una velocidad muy lenta», afirmó el representante de los promotores, Miguel Rebollo, que destacó que en el primer trimestre de 2016 se visaron en la provincia 631 viviendas frente a las 270 del mismo periodo de 2015, lo que supone un crecimiento del 134%.
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